Francisco Cáceres

caceresfra@gmail.com

Nació en Guatemala el 19 de Julio de 1938; tiene estudios universitarios y técnicos en ciencias jurídicas y sociales, administración empresarial, pública, finanzas, comunicación, mercadeo y publicidad. Empresario, directivo, consejero y ejecutivo en diversas entidades industriales, comerciales y de servicio a la comunidad. Por más de 28 años consecutivos ha sido columnista en este medio.

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Francisco Cáceres Barrios
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Con mucha pena nos enteramos que los diputados de un llamado Frente Parlamentario por la Transparencia denunciaron al Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) por la tragedia del Volcán de Fuego. Se argumenta en la demanda que a su entender hubo negligencia del señor Sergio Cabañas y de otros funcionarios de dicha institución, al ignorar los informes que emitió en la mañana del domingo 3 de junio de 2018, el Insivumeh y que por ello se presentó la denuncia ante el Ministerio Público (MP) por los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, lesiones graves, lesiones gravísimas y maltrato contra personas menores de edad.

A todos consta que se divulgaron ampliamente los detalles de todo lo ocurrido el día mencionado, incluso se publicaron en medios digitales los tres avisos que el Insivumeh había enviado esa mañana con motivo de las correntadas de lava y de otros materiales provenientes de la erupción del volcán, lo que permitió a los lectores enterarnos que en los dos primeros se advirtió implementar el estado de alerta, pero no de la necesidad de evacuar a los habitantes de las poblaciones circunvecinas, lo que sí se hizo en el último, pero lamentablemente cuando fue recibido ya estaba llegando la avalancha a los sitios que fueron tan perjudicados con grandes pérdidas, incluyendo la de valiosas vidas humanas.

Corresponderá entonces al Ministerio Público tomar en cuenta lo anterior, como de recabar la información pertinente antes de plantear el caso ante los tribunales de justicia, sin embargo, creo que hay necesidad de comentar que este tipo de circunstancias deben ser analizadas previamente con mesura y sobre todo objetividad. Sería un contrasentido partir de la primera, especialmente cuando subyacen intereses políticos creados para dejar mal parado a un funcionario, a un grupo de ellos o a toda una institución, sin contar con sólidas pruebas que evidencien la falta o delito cometido. Debe quedar claro que el propósito de este comentario no es el de defenderlos, pues a todos consta que hemos sido críticos constantes de los errores, fallos y faltas cometidas por funcionarios o empleados públicos, en especial de la Conred, de la que sigo pensando que, sin lugar a dudas, le hace falta una dirección técnica preventiva acorde a las circunstancias, como de facilitar a sus empleados y demás funcionarios la mejor y más elevada capacitación para el mejor cumplimiento de sus deberes. Reitero entonces mi criterio sobre que no es el momento de enjuiciar, sino el de reconstruir. Tampoco el de volver a repetir errores que en el pasado contribuyeron a que los damnificados padecieran más por lo ocurrido.

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