Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
En el Congreso han emprendido ya acciones claras y concretas en contra de quienes la mayoría de diputados consideran sus enemigos porque los ven como un riesgo permanente para sus planes de consolidar la dictadura de la corrupción. Por un lado está la acción penal planeada en contubernio con autoridades que certifican las representaciones legales de Organizaciones No Gubernamentales, en contra de Manfredo Marroquín por sus amparos en contra de los diputados tránsfugas que no cumplen ni siquiera con las leyes que ellos mismos aprobaron. Y por el otro lado, en contubernio con el Instituto de Magistrados de las Salas de Apelaciones del Organismo Judicial, se prepara la lucha para destituir al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien se ha convertido en un dolor de cabeza para los que alientan y fortalecen el Pacto de Corruptos, razón más que de sobra para que su destitución sea llevada al pleno del Congreso de la República.
Desde diferentes instancias del aparato del Estado se están dirigiendo las baterías en contra de quienes son vistos como amenaza para el sistema actual basado en la cooptación que permite repartirse el pastel del dinero del pueblo entre los políticos y sus socios con quienes vienen pactando desde hace mucho tiempo esa componenda que ha puesto a todo el sector público al servicio de la corrupción, abandonando por completo los fines que la misma Constitución le asigna al Estado.
Ya el Presidente marcó la ruta cuando presentó lo que llamaron la estrategia para la seguridad cibernética, oportunidad en la que aprovechó para volarle leño a los medios de comunicación que serán, sin duda alguna, objetivo dentro de esa estrategia tan poco clara que bien puede ser para implementar sofisticados mecanismos de espionaje a fin de tener bajo control a todos los que se muestran como adversarios del sistema corrupto y tratan de avanzar en la lucha contra la impunidad.
En resumidas cuentas lo que vemos es una recomposición de las fuerzas que fueron debilitadas en el año 2015 con las acciones contra la corrupción encabezadas por la CICIG y el Ministerio Público, pero que ahora se reagrupan y utilizan sus abundantes recursos para dar la batalla que consideran decisiva y para el efecto cuentan con aliados internos y externos, entre estos últimos algunos de los que tan eficientemente contribuyeron con los aparatos de inteligencia durante el Conflicto Armado Interno, cuando Estados Unidos puso a nuestro país en la lista negra por la violación de los derechos humanos.
Las acciones contra Acción Ciudadana, el Procurador de los Derechos Humanos y la prensa independiente del país son claro ejemplo de cómo se está planificando la siguiente etapa de confrontación entre los grupos que han explotado al país para su propio beneficio y los sectores que entienden el daño que nos hace el sistema de impunidad que ha servido para proteger a todos los que hicieron del presupuesto su viña y de los privilegios comprados puntillosamente su manera de acrecentar su capital a costillas de las necesidades de la gente más pobre.
