Dicen que fue Luis XIV, conocido como el Rey Sol, quien alguna vez dijo que el Estado era él, frase que hasta en una monarquía absoluta como la de Francia de la época sonaba grosera dicha frente al Parlamento. Pues bien, con hechos y no con palabras, el presidente del Congreso Álvaro Arzú Escobar muestra que a su criterio él es el Congreso porque sin consultar siquiera con la Comisión Permanente, no digamos con el pleno, dispuso que ese Organismo del Estado iniciara acciones legales contra Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana y publicó en la cuenta oficial del Congreso, con logotipo incluido, el comunicado anunciando la demanda.
El Congreso está integrado por la totalidad de los diputados y sus decisiones se toman con el voto de la mayoría de los representantes y es obvio que una acción penal como la que anuncia en su nombre el Presidente de ese organismo tendría que haber sido disposición del pleno o, en el peor de los casos, de la Comisión Permanente tomando en cuenta el receso parlamentario actual que coloca a la Junta Directiva (toda afín a Arzú) en esa condición especial.
Es un acto autoritario el que se use el nombre de un Organismo del Estado para promover acciones penales que tienen la finalidad de atacar a una institución que ha puesto en serio entredicho a quienes conforman el Pacto de Corruptos, que tiene el control del Congreso de la República. Y es que Acción Ciudadana, entre otras cosas, planteó la acción ante la Corte de Constitucionalidad para remarcar que los diputados tránsfugas no tienen derecho legal a estar ocupando posiciones que actualmente ostentan y como la CC le dio la razón, el malestar de quienes se cambian de partido como cualquiera se cambia de calzoncillo es naturalmente obvio.
El Congreso hace tiempo que tiene una agenda muy sesgada específicamente para ir minando y destruyendo los avances de la lucha contra la corrupción. Están plenamente identificados con los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial, en ese empeño porque saben que es vital para su propia sobrevivencia el que se pueda contener lo realizado hasta la fecha y de esa cuenta vemos que las leyes que discuten y las acciones que toman son precisamente para apuntalar la impunidad que ha existido históricamente en el país.
Todo lo que huela a lucha contra la corrupción será atacado de la misma manera en que se actúa ahora contra Acción Ciudadana y su dirigente Manfredo Marroquín porque el empeño es obvio y consistente.
