Marco Tulio Trejo Paiz
La corrupción es uno de los flagelos que nos tiene de rodillas a todos los guatemaltecos, es un proceder que se da en todas las esferas estatales y afectan el desarrollo del país, evita que tengamos carreteras en buen estado, que nuestros niños tengan acceso a una mejor educación y un sistema nacional hospitalario funcional y efectivo.
Ninguno de los trece ministerios que componen el Organismo Ejecutivo se salvan de este tipo de señalamientos, menos los del Organismo Legislativo y el Judicial, es un mal que nos tiene afectados como nación, aún y cuando en los últimos dos años hemos visto avances, que nos han puesto en la palestra como país y que ha sido visto con buenos ojos por la comunidad internacional, falta mucho por hacer.
Pero ni esa lucha anticorrupción que ha liderado el Ministerio Público ha menguado el mal accionar de muchos burócratas que siguen haciendo de las suyas con los fondos del Estado, lo cual hace que no veamos una luz al final del túnel para poner fin a este cáncer que nos tiene a punto de colapsar.
Es necesario romper un sistema que se ha acostumbrado a vivir bajo este flagelo, hay que romper con aquello que para hacer cualquier tipo de trámite en la administración pública, se debe pagar por debajo de la mesa y estoy convencido de que se puede poner un alto con el ejemplo.
Si los altos funcionarios trabajan con transparencia y de cara al pueblo, estarán poniendo el ejemplo a sus subalternos, pero si escuchamos que ministros, diputados y jueces no son probos en sus cargos, qué podemos esperar de los que están en puestos medios y bajos. Siempre hemos escuchado que para que se apruebe una Ley atrás va un negocio y para que no se emita una sentencia judicial un soborno. Por eso estamos mal señores.
Diariamente podemos darnos cuenta, en la información de los medios de comunicación, que fueron desviados millones de quetzales sin pena ni gloria, los cuales han ido a parar a los bolsillos de unos pocos, tal es el caso de la denuncia de malversación de más de Q73 millones en varias municipalidades o bien que en la cúpula de la institución armada se repartieron Q76 millones en bonos.
Esto no puede seguir así, el Gobierno debe actuar con todo el rigor de la ley, contra estos malos funcionarios, quienes afectan las arcas del Estado sin mayor miramiento. A estas personas se les debe obligar a devolver el dinero defraudado, como ha sucedido en varios casos sonados, es lo que más le duele a los dueños de lo ajeno.
Actualmente, hay más de 300 personas encarceladas por estar vinculadas a actos de corrupción, pero qué pasa con el dinero que se embolsaron, el Estado debe velar porque ese dinero sea reintegrado a la administración pública, no se puede permitir que un grupo de malos guatemaltecos se burlen de un país y se enriquezcan a manos llenas con dinero que no les pertenece.
Este tipo de actos solamente alejan la inversión nacional e internacional, la gente prefiere mantener guardado su dinero en cuentas del sistema bancario nacional o en el extranjero, cuando lo que se necesita es que se reactive la economía guatemalteca.
Al gobierno de Jimmy Morales le queda menos de año y medio para dar muestras de que no es ni corrupto, ni ladrón, pero sino hace algo para demostrarlo, en estos meses que le faltan en la cosa pública, la historia lo juzgará y será recordado como uno de los peores presidentes que hemos tenido en estos 32 años de esta mal llamada democracia. ¡Qué Dios los agarre confesados!
