El tema de la prisión preventiva, actualizado por el suicidio del doctor Jesús Arnulfo Oliva cuando estaba en la cárcel enfrentando el proceso en el caso conocido como IGSS-Pisa, viene a sumarse a las muchas evidencias de la crisis del Sistema de Justicia de Guatemala que han afectado a infinidad de personas en el transcurso de muchísimos años, pero que se hizo visible cuando empezaron procesos contra personas de una condición económica y social que antes había sido garantía de impunidad. En otras palabras, las investigaciones en casos de corrupción hicieron que los viejos vicios fueran sufridos por personas con acceso a medios e información sobre lo que pasa y ha pasado siempre con los detenidos.
Esta semana publicamos la parte de la entrevista con el comisionado Iván Velásquez en la que él habló, precisamente, de la prisión preventiva y de la necesidad de regular con más criterio y utilizando las técnicas modernas ese instrumento legal. Y es que resulta obvio que en los supuestos de ley para dictar prisión preventiva son totalmente válidos porque pretenden evitar posibles fugas o acciones que puedan comprometer el curso de las investigaciones, pero en todo caso se pueden contemplar acciones que aseguren la comparecencia de los acusados o su control para evitar contactos que puedan dañar las investigaciones.
Y el tema de la prisión preventiva se suma, puntualmente, al de la lentitud de los procesos penales en el país, lo cual también amerita análisis y acciones. Se critica a los jueces por retardos en la justicia, pero hay que investigar a fondo porque en la mayoría de procesos las dilaciones son producto de tácticas de la defensa de los acusados que trata de ganar tiempo, sobre todo cuando preveían que podría darse un relevo en el Ministerio Público y que estaba avanzando la acción para salir de la CICIG como actor judicial.
Esta semana vimos dos ejemplos. El exfiscal y conocedor del Sistema de Justicia, Rony López, en audiencia de primera declaración, rechaza la presencia del abogado que le contrató su familia y alegando falta de defensor pretende entrampar la audiencia El día anterior Baldetti presentó un nuevo togado y so pretexto de que no conocía el caso pretendió posponer la apertura a juicio en el Caso Lago de Amatitlán. En ambas situaciones despotricaron contra los jueces por no ceder a la táctica evidentemente dilatoria.
Cuando los presos eran pandilleros o gente del lumpen, nadie reparó en la crisis del Sistema de Justicia, tema que se vuelve viral cuando afecta a personas de influencia social.
