Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Designar funcionarios públicos competentes, que sean capaces de realizar la labor que se les encomienda de forma eficiente, debiera ser una de las mayores preocupaciones del Estado. Es muy importante que los burócratas sean nombrados por su capacidad y sus conocimientos, no por sus vínculos con los partidos políticos o con el gobernante de turno. En especial cuando se trata de tareas especializadas o de gran responsabilidad, como es la función de impartir justicia.
En El Salvador el proceso para la elección de los magistrados de Corte Suprema resulta bastante complejo. En la primera fase los aspirantes participan a través de dos entidades: El Consejo Nacional de la Judicatura -CNJ- que lleva a cabo un proceso de postulación y evaluación previamente delimitado y la Federación de Asociaciones de Abogados –Fedaes- donde son electos quince candidatos por votación. Luego el CNJ se encarga de integrar una lista, con los nombres de treinta candidatos que remite a la Asamblea Legislativa para que este órgano elija a los magistrados.
Actualmente se está llevando a cabo un nuevo proceso de elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia, que captó la atención de la comunidad internacional. Tres organizaciones de la sociedad civil, interesadas en el funcionamiento de los sistemas de justicia (DPLF, WOLA y CEJIL) propusieron la instalación de un panel de expertos que fuera capaz de analizar de forma objetiva los méritos y calificaciones de los candidatos; así como la transparencia, la publicidad y el acceso a la información de las entidades involucradas en la elección. El panel se conformó con tres juristas de amplia trayectoria: Magdalena Correa Henao (Colombia), Jan-Michael Simon (Alemania) y Antonio Maldonado (Perú), quienes entregaron recientemente un informe sobre el proceso. http://www.dplf.org/sites/default/files/resumen_ejecutivo_vf_01_06_2018_rev_todos.pdf
Para realizar su trabajo, el panel utilizó las herramientas que contempla la legislación salvadoreña y concluyó que: “El actual modelo tiene evidentes debilidades en su diseño e implementación que no garantizan un proceso de selección de magistradas/os conforme a los principios y estándares internacionales; y, en opinión de este Panel, no responde a las actuales necesidades del Estado de Derecho y del régimen democrático en El Salvador, ni a las legítimas expectativas de la sociedad civil.” Recomendaron a la Asamblea Legislativa que implementara algunas medidas para elegir a los candidatos más idóneos y mejor calificados. También sugirieron que se promuevan cambios legislativos para incorporar los estándares internacionales de selección de funcionarios judiciales, que permitan mayores garantías de independencia judicial para los salvadoreños.
Otro país, de la región, que cuestiona el proceso de elección de magistrados a Corte Suprema es Costa Rica. Sin embargo, en este país es el propio Sistema de Justicia el que realiza una autocrítica de su normativa, para proponer mejoras. Con el apoyo de la organización Konrad Adenauer y de la Fundación para el Debido Proceso, los magistrados organizaron en la Universidad de Costa Rica el seminario “Experiencias Internacionales en la definición de perfiles y procedimientos para seleccionar a las y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.” Además, participaron en un taller moderado por expertos internacionales, que les permitió hacer propuestas concretas de reformas.
Aunque los costarricenses cuentan con la democracia más sólida y el Sistema de Justicia más independiente de la región, reconocen que existen aspectos del proceso de designación de funcionarios del Sistema de Justicia que pueden mejorar. Los otros países del Istmo Centroamericano harían bien en analizar las falencias institucionales y buscar mecanismos objetivos en la designación de sus altas autoridades.
