Oscar Clemente Marroquín
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En esta época previa al inicio de la Copa del Mundo todo gira alrededor de ese deporte que atrae la completa atención de millones de aficionados, y por ello nada mejor que usar términos relacionados con ese evento para describir lo que está ocurriendo en el país con las intenciones de los diputados de arreglar las leyes que castigan distintas formas de corrupción, de manera que les queden al gusto para seguir consolidando la corrupción que tan rentable ha sido para mucha gente a lo largo de décadas enteras, en las que se ha ido perfeccionando un modelo que permite que políticos y sus socios puedan beneficiarse no sólo con los recursos públicos sino también con los privilegios que se pueden obtener gracias a distintas formas de soborno.
Tanto con la reforma al artículo que castiga el financiamiento electoral ilícito como con la Ley contra el transfuguismo, los diputados están acomodando la pelota para chutear sin barrera y sin portero, metiendo un tremendo gol a la sociedad que está harta de las viejas prácticas y que desea transformaciones que reorienten la función pública hacia el bien común en vez de que siga operando para el beneficio y bienestar de unos cuantos. El financiamiento ha sido causa de la perversión de los fines del Estado y no digamos de la democracia porque resulta que tal y como opera nuestro sistema, los políticos se sienten comprometidos con aquellos que les dieron dinero para realizar su proselitismo, pero jamás con los electores porque sienten que estos, los ciudadanos, fueron pagados con las acciones clientelares que se usan para comprar votos.
De suerte que en el modelo guatemalteco los mandatarios lo son de sus financistas que se convierten en auténticos mandantes, mientras que el pueblo sigue jugando el papel del tonto útil utilizado por los políticos y los grupos de poder para preservar un sistema que les ha funcionado a la perfección para acumular ventajas y fortunas.
Y el tema del transfuguismo hay que entenderlo en ese contexto, porque como no tenemos verdaderos partidos políticos sino grupos que operan como empresas lucrativas, los diputados se desplazan de uno a otro sin recato ni rubor porque buscan preservar su poder y cuando el partido que les postuló se va debilitando por falta de acciones en beneficio de la población, simplemente se van al que perciben como en crecimiento, de manera que puedan asegurar sus curules que se convierten en auténtico medio de vida.
El conflicto de interés es obvio y no hay necesidad de ser sabio para detectarlo y entender qué es lo que mueve a los diputados en este afán por aprobar las leyes ajustadas a sus necesidades y conveniencias. Pero eso no es actuar en función de Estado y mucho menos para fomentar y preservar la legalidad sino que se trata del sucio acomodo de la pelota para meter goles a diestra y siniestra sin respetar el reglamento de juego que resulta sumamente claro, en este caso, cuando obliga a que quien tenga interés personal en un asunto se abstenga de emitir su voto en el Congreso.
