Stu Velasco
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Han ocurrido una serie de asesinatos en nuestro país que tienen características singulares, un patrón de relación social entre sus víctimas como de una misma actividad que los asesinados realizaban, todos pertenecían a organizaciones sociales-campesinas, es imperativo referirlos; Ramón Choc Sacrab, Mateo Chamán Sacrab, José Can Xol, ellos son miembros de la Organización Indígena y campesina de lucha reivindicativa; Luis Arturo Marroquín, Florencio Pérez Nájera, Alejandro Hernández García y Francisco Munguía del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca). Sumando “siete” muertes, todas en un mes y en tres departamentos del país: Alta Verapaz, Jalapa y Jutiapa.
De ellos, cuatro fueron muertos con disparos de arma de fuego, en ataques directos en sus lugares de trabajo y vivienda, tres más asesinados con arma blanca cuando retornaban de actividades relacionadas con sus organizaciones sociales, según han referido familiares de los fallecidos. Es importante hacer notar que, en los ataques perpetrados con arma de fuego, los sicarios irrumpieron con factor sorpresa en los inmuebles en donde moraban sus víctimas y otras se desempeñaban laboralmente, lo cual denota que los victimarios muy probablemente realizaron un seguimiento previo a sus víctimas y establecieron puntos de vulnerabilidad para entonces ejecutar sus crímenes con certeza, y asegurar su evasión y escape para procurar su impunidad. Estas características de modus operandi obligan a construir diversas hipótesis para el proceso de investigación, una de ellas es que en los ataques directos ejecutados con arma de fuego operó una estructura criminal dedicada al sicariato y con integrantes materiales como intelectuales de los asesinatos, esta integración sería así, independientemente de los móviles-interés que hayan tenido los autores intelectuales para ordenar sus muertes.
Las organizaciones campesinas se han manifestado repudiando los crímenes y atribuyendo los asesinatos de sus líderes a una represión producto de las causas y demandas sociales que persiguen a través de sus representativos, lo cual de ser cierto sería nefasto para todos los guatemaltecos y para nuestra democracia. Guatemala posee altos niveles de conflictividad social, permanentes confrontaciones, a veces diálogos en diversos y divergentes sectores del país. A esto se suma que el señor Presidente de la República señaló a Codeca de exigir de forma inadecuada sus derechos y violar derechos constitucionales de miles de ciudadanos cuando se manifiestan en colectivo. Sin embargo, más allá de las pasiones que en nuestro país despierta la existencia, forma de actuar de algunas organizaciones sociales, compartamos o no sus causas, como guatemaltecos debemos contribuir al fortalecimiento de nuestra democracia, a creer firmemente que la ruta de la violencia jamás será la adecuada.
Quienes estén atrás de estos crímenes, deben leer que nada justifica asesinar a líderes campesinos, y si los crímenes fueron cometidos por razón de su naturaleza y activismo social aunque se considere que en su actuar hayan cometido delitos, abusos o vulnerado el derecho de otros, nunca será justificable usar la violencia y menos asesinarlos, para ello se debe acudir a las instancias de justicia y demandar investigaciones en el marco de la ley, y también las instituciones que poseen el monopolio de la persecución penal actuar con imparcialidad, objetividad y “agilidad” para brindar justicia pronta y cumplida para todos.
A todos los guatemaltecos un llamado a repudiar estos asesinatos, a la señora Fiscal General del Ministerio Público y Director de la Policía Nacional Civil, demandarles en su calidad de máximas autoridades de Justicia y Seguridad esclarecer las muertes acaecidas, individualizar, capturar a los autores materiales e intelectuales y esclarecer las motivaciones que originaron los crímenes.
Que nuestra democracia se fortalezca y sea el gran legado que otorguemos a nuestras generaciones.
“No nos podemos permitir matarnos los unos a los otros”, (Nelson Mandela).
