Juan José Narciso Chúa
La tragedia del Volcán de Fuego es dolorosa, sino además ingrata. Dolorosa porque ha causado enormes pérdidas de vidas y de los pocos activos de las personas que viven en los lugares afectados, así como hoy destruye su tejido social, principalmente cuando las muertes han destruido hogares completos y ha resquebrajado familias. Ingrata es porque este desastre natural recae sobre aquellos grupos de población mayormente desguarnecidos –socioeconómicamente hablando–, pero además su mayor dureza cayó sobre personas mayormente vulnerables a desastres por la ubicación de sus asentamientos humanos.
En el momento de escribir este artículo, se publica que se reactiva la alerta en el mismo lugar, para lo cual se inicia un proceso de evacuación de personas y asentamientos en el área, lo cual implica que el esfuerzo de atender la emergencia se multiplicará, pero aún más, se hará más costosa la tarea de reubicación o reasentamiento.
Desafortunadamente en Guatemala no existe una verdadera concepción de los asentamientos humanos, pues aunque existe un marco regulatorio, no es respetado ni por las autoridades, ni por los desarrolladores de vivienda y, en algunos casos, por los propios habitantes del lugar. En Guatemala existen un montón de espacios que siguen siendo utilizados como asentamientos de viviendas y familias, pero los mismos presentan serios peligros por sus condiciones de vulnerabilidad –pendientes, peligro de deslaves, erupciones, inundaciones y otros–.
Los casos del Cambray, sumado al desastre provocado en diferentes aldeas y comunidades ubicadas en las faldas del Volcán de Fuego, muestran con tremendo dramatismo, el drama humano que les ha tocado vivir en carne propia a las personas damnificadas. Desafortunadamente, el Estado que sería el responsable de manejar esta situación, seguramente incurrirá en ubicarlos de nuevo ahí o bien en otro lugar, pero bajo condiciones iguales de peligro permanente.
Escuchar el domingo al presidente Morales diciendo que no existía ni un centavo para atender la tragedia fue, sin duda, irresponsable, pero su mensaje subliminal era: es necesario contar con la Declaración de Calamidad Pública para facilitar el uso de los recursos, una actuación nuevamente deplorable, cuando su propio Ministro de Finanzas dijo que contaban con ciertos montos para tal situación. Eso justamente era lo que se esperaba de él, que mostrara liderazgo diciendo que se iban a buscar y disponer de fondos para atender la emergencia, no mandar un telegrama a los diputados que seguramente babearon ante la perspectiva de la emergencia.
Esto es llanamente aprovechamiento, pero este va más lejos. Dentro de estos días de emergencia, los diputados del Pacto de Corruptos y otros que no son pero callan y aceptan, van a modificar leyes para eliminar el delito de corrupción para el financiamiento ilícito, para asegurarse nuevamente impunidad.
No importa en qué orden, pero también legislarán para no penalizar el transfuguismo, con lo cual pretenden también asegurarse impunidad y seguir con la juerga de la corrupción.
Por un lado, un drama humano de dolor y tragedia, angustia e incertidumbre, por el otro, los aprovechados de siempre, pensando en el festín de los fondos que proveerá el Estado de Calamidad, vaya dolorosa paradoja de la vida.
