Los hechos están demostrando cuán importante era la propuesta de reformar al Sector Justicia partiendo de la forma en que se conforman las Cortes del país, porque mientras no tengamos realmente un aparato al servicio de la legalidad sino prevalezcan los intereses de los poderes ocultos, que pretenden perpetuar el sistema de la corrupción, los jueces dignos y competentes serán objeto de toda clase de presiones para enmendarles la plana, porque los fallos apegados a la ley tienen la intención de romper el muro de la impunidad.
Desafortunadamente los poderes del Estado terminaron zafando la varita al proyecto ampliamente discutido con la sociedad, porque se entendió que la pieza clave del sistema es precisamente el poder judicial en la forma en que actualmente se conforma. Ello da poder tremendo a los poderes fácticos para ser quienes tienen el control de todo el aparato de justicia, de manera que si alguien se sale del redil lo puedan llamar al orden como ahora está ocurriendo con aquellos jueces dignos que no se pliegan a las instrucciones perversas de los órganos superiores.
Preocupa, obviamente, que en una situación de tanto daño para todo el esquema del Estado de Derecho la ciudadanía permanezca indiferente y de la misma manera que no protestó cuando se protegió a jueces pícaros, ahora tampoco se manifiesta para defender y apoyar a los jueces probos. Debemos reaccionar entendiendo lo que significa ese cerrojo que se le está imponiendo a la justicia mediante acciones intimidatorias y represivas en contra de jueces que actúan con responsabilidad y apego a la ley.
Lo que está en juego es mucho más que uno o varios procesos, puesto que es el régimen de legalidad la principal víctima de las acciones espurias y cuando se quiebra esa legalidad todos terminamos pagando las consecuencias. No olvidemos que la criminalidad florece en medio de la impunidad y no es únicamente la corrupción la que se beneficia sino que todo tipo de delincuentes que saben aprovechar lo poroso del sistema para evadir la acción certera de la justicia. La cantidad de bandas de sicarios en el país ha podido operar a su antojo por esa falta de justicia que, repetimos, nos pasa factura tarde o temprano, porque todos estamos expuestos en un país donde la ley está en venta para exonerar siempre al mejor postor.
No está en juego el empleo de la jueza Aifán. Está en juego la supervivencia del Estado, la paz social y la seguridad ciudadana que deben descansar en la justicia.
