Javier Monterroso
Según encuestas elaboradas por empresas profesionales y serias un 70% de la población apoya la lucha contra la corrupción que se lleva a cabo en nuestro país desde el 2015, esto a pesar de que quienes se oponen a la misma han generado una estrategia mediática permanente para desacreditarla y a quienes la encabezan, por supuesto que esa lucha ha tenido errores y se han cometido injusticias y tratos desiguales contra algunas personas que están o estuvieron presas, es cierto también que algunos de los principales corruptores y cooptadores del Estado aún siguen libres y pareciera que no van a ser perseguidos, sin embargo, lo que se ha logrado hasta hoy por parte de la CICIG y el MP es histórico y merece el apoyo de la ciudadanía, sobre todo la persecución contra los altos funcionarios de Estado, diputados, jueces y magistrados que utilizaron sus cargos para enriquecerse.
No tenemos claridad sobre si la persecución penal a la corrupción va a continuar, hay una nueva administración en el Ministerio Público que tardará varios meses en dar resultados (recordemos que al inicio de la gestión de Thelma Aldana pasó casi un año sin casos de alto impacto) y por otro lado los ataques contra la CICIG por el caso Bitkov, recortes en su financiamiento y sobre todo la amenaza por parte del gobierno de Jimmy Morales de no renovar el mandato de la CICIG el próximo año me hace pensar en que si no es el fin de los grandes casos de corrupción al menos los mismos serán más esporádicos, claro que puedo estar equivocado, sobre todo si la persecución contra Morales y su clica de funcionarios y diputados viene de los Estados Unidos.
Pero de alguna forma como ciudadanos hemos caído en un proceso de acomodamiento en la lucha contra la corrupción, creemos que esperar cada jueves de CICIG, aplaudirlo y escribir en las redes sociales nuestro apoyo es todo lo que podemos o debemos hacer para rescatar a nuestro país y eso no es así, ni siquiera con cien casos más garantizamos que nuestro país no vuelva a caer en un futuro próximo en las garras de la corrupción, solo con reformas estructurales que no se logran desde la justicia, sino desde el sector político podemos mejorar el Estado, por cierto don Iván Velásquez me dijo que él pensaba lo mismo, que la transformación de un país viene no solo desde la justicia penal sino desde el Congreso y el gobierno.
Estamos a un año de la primera vuelta de las elecciones generales del 2019 y el escenario político electoral no augura nada bueno, la llamada vieja política parece aferrarse al poder, los antejuicios caminan demasiado lento y aunque en el Congreso algunos peces gordos del Pacto de Corruptos como Felipe Alejos o Melgar Padilla posiblemente no puedan participar por sus problemas penales, otros como Javier Hernández o Galdámez ya están pensando en su reelección.
La única forma de garantizar que la lucha anticorrupción no caiga en el vacío, y que se generen las políticas públicas y las leyes que garanticen una transformación real del Estado es la creación de un movimiento ciudadano contra la corrupción que sin importar qué partido político llegue a gobernar proponga y empuje la agenda de transformación necesaria, las reformas constitucionales en materia de justicia, las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, una nueva ley de servicio civil, reformas a la Ley de Amparo, a la Ley Orgánica del Congreso y a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, entre otras reformas importantes, este movimiento ciudadano debe ser interclasista, lo más amplio posible integrado por empresarios, estudiantes, académicos, pueblos indígenas, jóvenes, mujeres y todos los que quieran un mejor país.
