Luis Fernández Molina
Es conocido y trillado el comentario de Aristóteles: “El hombre es un animal social” que se complementa por lo dicho por el isabelino John Donne “ningún ser humano es una isla”. Vivimos en sociedad y necesitamos articular nuestras acciones con otros seres humanos para la realización de muchas actividades. En ese amplio abanico de las aspiraciones humanas los fines de las organizaciones son de la más variopinta gama. A grandes rasgos se dividen en: a) lucrativas, b) no lucrativas y c) estatales. Como ejemplo de las primeras destacan las sociedades anónimas, verdaderos colosos que cooptan el comercio internacional y cotidiano. Las estatales o paraestatales son organizaciones imprescindibles para el orden institucional, comprende al Estado, las municipalidades, entidades públicas.
Las organizaciones no lucrativas son, con mucho, las más heterogéneas respecto de los fines. Aquí caben las asociaciones, fundaciones, comités. Armonizan esfuerzos de individuos que no procuran una ganancia, aunque sí pretenden otros fines. Las hay recreativas, deportivas, de aficiones compartidas, culturales, de aprendizaje y capacitación, de motivación, gremiales, de intereses comunes específicos, etc. De vecinos, de condóminos, de vendedores y otras uniones similares que procuran administrar o defender intereses comunes. Cada organización se rige por los estatutos aprobados por los organizadores y aceptados por los adherentes. La finalidad –objeto– de la entidad es uno de los puntos esenciales de los referidos estatutos; ahí se establecen los perfiles dentro de los que debe accionar cada una. Si alguna contraría sus fines o se dedica a fines reñidos con el orden público o la institucionalidad, o a hacer política –¡que las hay!–, que dicha entidad sea sancionada y cancelada su inscripción. Para eso están las leyes específicas. No hace falta copiar esos pasajes en una extensa “ley de ONG”.
Las “oenegés” son otra forma de asociación; se distinguen porque realizan actividades que de alguna manera corresponde al Estado. Cubren, por así decirlo, algún cometido gubernamental como es la alimentación, educación, salud, fomento empresarial especialmente de microempresas, facilitación de cadenas productivas, promoción de proyectos agropecuarios. Por lo mismo parecen una extensión del Estado, pero no lo son; de ahí deriva su curiosa denominación. La lógica impone que algo se define con “lo que es”, no con “lo que no es”. Las oenegés se presentan con un NO, no gubernamentales; ello para evitar confusiones a la luz de su proyección pública, estatal. La gran mayoría desarrolla actividades filantrópicas.
Entre otras distinciones, es importante las que operan con sus propios fondos (por lo general donaciones en su sede) y las que reciben aquí algún subsidio o financiamiento gubernamental. Para las primeras las remesas se trasladan de sus respectivas casas matrices y se siguen los protocolos bancarios y controles internos y públicos. Si alguna no los cumple, que los sancionen conforme las leyes específicas –que ya existen–, en Guatemala o en su país de origen.
Para que cualquier organización funcione es esencial separar a los individuos de dicha organización. Conforme el artículo 16 del Código Civil (y 26 del Código de Comercio), cada organización forma una “nueva persona jurídica”, independiente de los individuos que los forman. La gestión de algún ejecutivo es cuestión personal del mismo, no se puede extender dicha responsabilidad a todos los socios. Nadie querría ser socio.
La Ley de las ONG de 2003 despertó muchas expectativas, pero no aportó nada. La nueva iniciativa pretende limitar y controlar el funcionamiento. Por lo anterior, varias oenegés de ayuda humanitaria están evaluando trasladar sus actividades a otros países de la región que muy dispuestos aceptarían recibirlos; en adición de la ayuda se generan muchos empleos. Sería una lástima.
