Stu Velasco
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Ese apasionado e intenso trabajo de inteligencia en un Estado es fundamental para la “seguridad de sus ciudadanos”, es aquel que realizan los diferentes organismos gubernamentales con la finalidad de centrarse en un meticuloso proceso de dirección, búsqueda, recopilación, análisis, diseminación y explotación de información; con el fin “ideal” de proveer escenarios prospectivos que permitan anticiparse a fenómenos o amenazas de Estado, que signifiquen un peligro para el mismo, sus ciudadanos como de la seguridad integral de una nación.
Obviamente el concepto sus “metodologías” como la aplicación del trabajo de inteligencia de Estado en un nivel importante han evolucionado en nuestro país, obedeciendo esta transformación significativa, a la firma de los Acuerdos de Paz, suscritos en Guatemala en 1996, en donde se acuerda la creación de instituciones de carácter civil, como consta en Acuerdo numeral siete, sobre fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática, específicamente en apartado E. Información e inteligencia, Organismos de Inteligencia del Estado, numerales 47, 48, 49, y 52 del referido acuerdo. En los cuales se abordan la mayor parte de instituciones de Inteligencia de Estado que deberán estar al servicio de la seguridad de sus ciudadanos y hace mención de la naturaleza que deben poseer.
En Guatemala hablar de Inteligencia de Estado despierta diversidad de opiniones y conceptualizaciones, claro con suficiente razón si nos circunscribimos a la historia de los aparatos de inteligencia de Estado que existieron durante el conflicto armado, de los cuales ninguno de nosotros deseamos volver a conocer.
Guatemala en este tiempo atraviesa lo que podría ser una de sus mayores crisis políticas y de gobernabilidad que haya experimentado desde que fueron instaurados los gobiernos democráticos y electos sus gobernantes bajo sufragio electoral; gran parte de la crisis nace de una lucha contra la corrupción que alcanza uno de sus máximos niveles en 2015 que tiene como resultado el procesamiento penal de un Presidente y Vicepresidenta de la República, a lo que se sumó una serie de casos que continúan en proceso en donde hasta hoy guardan prisión dos expresidentes de la República, y permanecen bajo causas penales, diversos exfuncionarios y personas del ámbito político, social, empresarial como la reciente acusación por supuesto financiamiento ilícito que habría recibido el partido FCN-Nación en 2015; sin embargo estos sucesos históricos y legales han dado origen a un fenómeno social en nuestro país, de una escalada de polarización entre guatemaltecos llevando a niveles peligrosos de confrontación a mismos poderes del Estado e instituciones que entre si reclaman y asumen determinadas posiciones en cuanto a la naturaleza, legitimidad y legalidad de los procesos.
Ante la crisis existente, la Inteligencia de Estado que todos los guatemaltecos necesitamos, es la concebida para la seguridad de sus ciudadanos en una era democrática y comprendida como un instrumento estratégico que en “realidad” sea la que oriente, y aporte insumos idóneos para las decisiones que los gobernantes y funcionarios encargados de la seguridad de nuestro país deban tomar en “función de proteger a sus ciudadanos”, y dirigir de la forma más acertada a nuestro país.
La importancia de abordar la Inteligencia de Estado bajo un escenario de alto nivel de polarización-pugnas políticas como el que Guatemala padece, radica en que se debe tener presente la finalidad de las instituciones de Inteligencia que poseemos las cuales son, de absoluto servicio para la seguridad de sus ciudadanos, que deben enfocarse permanentemente a anticiparse a toda amenaza que signifique vulnerabilidad para nuestra seguridad y recordar que se está supeditado a la rendición de cuentas bajo el estricto imperio de la ley.
