Víctor Ferrigno F.
Lo que mal empieza, peor acaba, reza el refrán popular, que se le puede aplicar al intento de reinstauración conservadora, promovido por el Pacto de Corruptos para apuntalar el régimen de impunidad que les cobijó desde tiempos inmemoriales, y hoy se derrumba inexorablemente. Con la muerte de Álvaro Arzú y el fracaso de sus maniobras, se quedaron sin capitán y sin rumbo.
Desde 2015, como resultado de décadas de lucha social y la acción legal del Ministerio Público (MP) y la CICIG, los sectores dominantes perdieron la hegemonía de clase, gracias a la cual los oprimidos hacían suyo el proyecto de los opresores. Ese fenómeno, más la pérdida del apoyo de EE. UU. (aunque sea parcialmente) provocaron un cambio estratégico en la correlación de fuerzas, cuyos efectos aún no se acaban de manifestar en toda su dimensión, pero ya no tiene vuelta atrás.
En medio de esa crisis de dominio político, Álvaro Arzú se puso al frente del intento de restauración conservadora, sobre la base de los siguientes elementos: a) su carisma con las capas medias urbanas y el gran capital; b) el aparato político-institucional que montó en la Municipalidad capitalina, incluyendo una disciplinada policía, un cuerpo de inteligencia clandestino, la cooptación de los dirigentes de los mercados y de las Alcaldías Auxiliares zonales, y el control de los servicios básicos urbanos; c) el dominio formal del Congreso de la República, al imponer a su inexperto hijo como Presidente del Legislativo; d) el apoyo de la Asociación Nacional de Municipalidades; e) la alianza con la corporación mediática de Ángel González; f) el apoyo de la cúpula castrense; g) y su ascendencia sobre el Presidente y varios ministros.
Ese andamiaje se está derrumbando, pues giraba en torno al caudillo, que la parca se llevó antes de poder consolidar su plan. Ninguno de los coludidos puede sustituir al jerarca, y la rebatiña por los despojos del poder ya ha comenzado. Como solía proclamar la nobleza europea: ¡el rey ha muerto, viva el rey!
La fiscalización y movilización ciudadana, así como la incidencia diplomática, impidieron que los candidatos del Pacto de Corruptos pudieran colarse en la lista de seis candidatos/as, de los cuales Jimmy Morales deberá escoger al próximo Fiscal General, por lo que se les dificultará retomar el control del MP.
La comparecencia pública de la súper cúpula empresarial aceptando que le aportaron financiamiento electoral ilícito a Jimmy Morales y al FCN-Nación, por lo cual pidieron disculpas al país, constituye un hito histórico, pues tendrán que someterse al imperio de la ley, además que confirmaron la complicidad del Presidente y del Vicepresidente. ¿Con cuáles argumentos puede denegar la CSJ la solicitud de levantar el antejuicio al tambaleante mandatario, si los corruptores lo sindicaron?
Si los diputados del Pacto de Corruptos defienden a Morales, terminarán de cavar su propia tumba, máxime que el otro actor clave, Felipao Alejos, será procesado, la lista de los parlamentarios investigados crece, y el partido oficial será cancelado.
Los alcaldes municipales, aglutinados en la ANAM, tomaron distancia, dieron su apoyo explícito a la CICIG y a la lucha anticorrupción, y se declararon adversarios de cualquier rompimiento del orden constitucional.
El debilitamiento de la cúpula militar es creciente, con la oposición de 120 oficiales removidos ilegalmente, y con sus cuadros procesados por operar con el crimen organizado.
Evidentemente, el Pacto de Corruptos se quedó sin capitán y sin rumbo, pero aún intentarán dar dentelladas peligrosas. La respuesta debe ser más y mejor incidencia y movilización ciudadana. Debemos cortarle todas las cabezas a la serpiente del mal. ¡Hoy es cuando!
