Víctor Ferrigno F.
La crisis político institucional que vive Guatemala es de tal envergadura, que próximamente el Presidente tendrá que escoger, de una lista de seis candidatos y candidatas, al Fiscal General que le deberá perseguir penalmente a él, a su hijo y a su hermano. Por la estrechez de miras que Morales ha evidenciado, no se espera que haga una designación de estadista; lo hará desde su condición de sindicado, eligiendo a quien le quiera brindar impunidad.
La fase de selección de seis candidatos/as (cuatro mujeres y dos hombres) ha finalizado mejor de lo que se esperaba, pero en el marco de muchos cuestionamientos, como lo evidencian la decena de acciones constitucionales de amparo presentadas contra la Comisión Postuladora (CP), contra el listado de gradación y contra el proceso de selección.
Algunos amparos cuestionan que la CP se haya integrado con Decanos de Facultades de Derecho prácticamente inexistentes, creadas para incidir en los procesos de selección. Otros amparos cuestionan que la tabla de gradación privilegiaba exageradamente los títulos académicos sobre la experiencia penal, dejando fuera a candidatos con valiosas ejecutorias prácticas. Y, finalmente, algunos accionantes se ampararon porque, a su juicio, la selección de finalistas no se basó suficientemente en los criterios de idoneidad, capacidad y honorabilidad que la ley establece.
Hasta ayer, ningún amparo había sido resuelto, a pesar de que en algunos casos ya se venció el plazo legal; otros fueron presentados hasta el 13 de abril. El hecho es que el proceso de selección de Fiscal General carece de certeza jurídica, por la falta de resolución judicial. Por ahora, todo depende de la balanza de la justicia.
En mi opinión, a pesar de las deficiencias denunciadas, alcanzamos logros importantes que debemos reivindicar, como la prevalencia del principio de publicidad, la fiscalización y movilización ciudadana, la libertad de postulación y participación, y el agotamiento de los recursos legales para preservar la legalidad del proceso.
A tres puyas no hay toro que aguante, reza el aserto taurino, que bien se aplica a la fiscalización ejercida sobre la Comisión de Postulación, por tres fuerzas importantes: la CICIG, la ciudadanía y la Embajada.
Es ampliamente conocida la manipulación ejercida por fuerzas espurias sobre anteriores Comisiones Postuladoras, particularmente por otrora poderosos personajes como el Rey del Tenis, diputados y políticos corruptos (Rivera, Alejos, Baldetti) y empresarios venales. Casi todos ellos han sido procesados y encarcelados, gracias a la calidad de las investigaciones de la CICIG y el MP. Ese fantasma pesó sobremanera en las decisiones de los comisionados.
La fiscalización ciudadana, la movilización social promovida por la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad, y la observancia de la comunidad internacional, fueron determinantes para la publicidad de todo lo actuado. El papel de la Embajada fue discreto, pero de peso, minimizando los intentos de incidencia espuria de los detenidos en el Mariscal Zavala.
Jimmy Morales, el sindicado, debería reivindicarse escogiendo al mejor Fiscal General, pues la o el designado no se la jugará por un político desprestigiado y en declive, sin aliados de prestigio y con un partido en riesgo de desaparecer.
La moraleja es que quien ejerza como nuevo Fiscal General, seguramente recordará que la legítima persecución penal ejercida por Thelma Aldana contra Otto Pérez, quien la designó, contribuyó a su actual prestigio profesional y político, y a su calidad de presidenciable.
