Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
En ocasiones me gusta utilizar el famoso Wikipedia, porque aunque le caiga mal a un mi profesor de INCAE bajo el argumento de que no debe ser fuente de referencia “profesional”, ayuda a explicar conceptos de una manera sencilla. En esta ocasión, el tema central es el Conflicto de Interés y la mentada página lo define así:
“Un conflicto de interés es aquella situación en la que el juicio del individuo -concerniente a su interés primario- y la integridad de una acción tienden a estar indebidamente influidos por un interés secundario, de tipo generalmente económico o personal.
Existe conflicto de interés cuando en el ejercicio de las labores dentro de una institución, sobreviene una contraposición entre el interés propio e institucional”.
Pero, además, en la página de la Contraloría de Cuentas de México también se establece una sencilla definición al respecto, que dice así: “Un conflicto de intereses es cuando un interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios de la persona servidora pública pueda afectar el desempeño imparcial, objetivo de sus funciones”.
Y es quizá este último el que cae como anillo al dedo a la situación que atraviesa el presidente Jimmy Morales en torno a la elección del futuro Fiscal General del Ministerio Público (MP), puesto que sobre el mandatario pesan situaciones que lo hacen estar en un claro e irrefutable conflicto de interés.
Al día de hoy, Morales es un investigado del MP y la CICIG por posible financiamiento electoral ilícito y existe la posibilidad de que otras investigaciones lo alcancen. Al Presidente lo salvó un Congreso que es de los valladares de oposición a la justicia y que ha sabido utilizar el antejuicio (que para efectos prácticos está archivado pero vivo en el Legislativo) para condicionarlo y hacerle perder aún más el rumbo.
Morales fue acusado por actos en su calidad de Secretario General de FCN el viernes 25 de agosto del año pasado y el día antes, es decir, el 24 del mismo mes y año fueron acusados los entonces Secretarios Generales de la UNE y Lider y ambos, a pesar de sus numerosos intentos por detener el avance de la justicia, ya fueron despojados de su derecho de antejuicio liberándose así el camino para su acusación; hay que recordar que el antejuicio obliga a trabajar con indicios y no es hasta que se elimina que los investigadores pueden ir a profundidad.
Pero es ese impasse que Morales vive ante la justicia, más el caso de sus familiares que están acusados en el Caso del Registro de la Propiedad (porque alguien los tiró de cabeza en una audiencia y la jueza ordenó que se investigara) lo que le generan un terrible conflicto de interés porque él antepondrá sus intereses personales en la elección del nuevo jefe del MP.
Si a eso le sumamos que Álvaro Arzú, convertido en defensor de Morales, diputados, alcaldes, algunos otros y el sistema mismo, ejerce sobre el Presidente una presión por las mismas razones, es decir, porque es un acusado del MP y la CICIG que se salvó porque hizo ver a los juzgadores que de él depende la elección de los próximos magistrados, las alarmas no paran de sonar porque estarán dispuestos a llevarnos al abismo con tal de salvarse.
Ha habido otros mandatarios que tienen el mismo conflicto de interés porque andaban haciendo de las suyas (aunque no habían casos judicializados) y eligieron buscando impunidad aunque a algunos el ejercicio les salió mal (como en el caso de Pérez Molina), pero el secreto del cambio está en aprender lecciones y por eso la elección del MP es de vida o muerte para el futuro.
No pretendo más que advertir que la decisión de Morales será viciada porque tiene un claro, categórico, especial y único conflicto de interés porque decidirá en función de evitar que la justicia le alcance a él y sus allegados, incluido el alcalde Arzú.
