Francisco Cáceres Barrios
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Las declaraciones dadas por Juan Carlos Monzón, exsecretario de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y hombre de confianza de Otto Pérez Molina ante los Tribunales de Justicia dejó a la sociedad guatemalteca realmente consternada y no es para menos, más aún, cuando todos sabemos de las carencias y necesidades de la población se derivaron en gran parte por su pésima administración en materia educativa, de salud, social e infraestructura aduciendo falta de recursos, los que fueron drenados por el marco de corrupción que caracterizó a dicho gobierno.
De lo anterior estamos bien claros, pero la pregunta que ahora debiera estar haciendo formalmente la ciudadanía es ¿habremos mejorado en los dos últimos años con el nuevo gobierno, electo con la esperanza de que las cosas no siguieran igual? No creo que haya ni un solo conciudadano tan ciego y sordo, salvo que tenga sobrados intereses creados, que pueda asegurar que sí, que las cosas ahora son diferentes, que hayamos podido ver una honesta y correcta administración que permita al mismo presidente Jimmy Morales y su equipo de trabajo ufanarse públicamente de que ahora estamos mejor o que la corrupción ha estado siendo combatida eficazmente, cuando a todos consta los repetitivos descubrimientos del mal manejo de recursos en la SAAS y hasta haberse apropiado de recursos públicos a través de una antojadiza bonificación.
A lo anterior debe sumarse entre otras mil cosas más, el pésimo estado en que siguen estando las carreteras; el mal servicio que se sigue prestando en hospitales y centros de salud del Estado o que a tres meses de iniciado el ciclo escolar todavía no han sido dotados todos los centros educativos con sus debidos materiales, equipos y servicios. Y para seguir aumentando la inconformidad popular, llegando a la desesperación, da grima comprobar que por el solo hecho de ser amigos, parientes o servidores en la reciente campaña electoral del Presidente, siguen siendo nombrados funcionarios en cargos de gran responsabilidad, devengando remuneraciones por arriba de los 25 mil quetzales mensuales en dos, tres o más cargos incompatibles para su buen desempeño y, si lo anterior no es indicativo de que la corrupción sigue campeando en el actual gobierno, ¿de qué otra manera se podrá entonces calificar el que por incapacidad o negligencia siguen sin poder ejecutar la totalidad de los presupuestos asignados o que sigan habiendo dependencias y hasta organismos del Estado con decenas de asesores que de lo que menos saben es del ramo adonde fueron asignados o que nunca hayan llegado a laborar? De esa manera, es fácil llegar a la conclusión que en nada hemos mejorado, como que la paciencia, tolerancia o indiferencia de la población sigue inalterable.
