Factor Méndez Doninelli
El 26 de abril se cumplen 20 años del execrable crimen que costó la vida de Monseñor Juan José Gerardi Conedera, Defensor de Derechos Humanos (DD. HH.), Director del Proyecto Interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), que la iglesia Católica impulsó para conocer la verdad sobre los abusos cometidos por fuerzas de seguridad del Estado durante el Conflicto Armado Interno (CAI). El resultado de dicho proyecto fue la publicación del informe “Guatemala nunca más”, que documentó y denunció miles de testimonios de víctimas y familiares que sufrieron graves abusos y violaciones a DD. HH., atrocidades como torturas, secuestros, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres y genocidio que se cometieron durante más de 30 años.
El informe inculpa al Ejército guatemalteco, como responsable de la mayoría de abusos cometidos por elementos de las fuerzas de seguridad del Estado contra población civil desarmada. Dicho informe, presentado en la Catedral Metropolitana por el Obispo Gerardi el 24 de abril de 1998, significó que dos días después se cometiera su brutal ejecución extrajudicial, hecha por esbirros y siervos al servicio de intereses oligárquicos y militares, a quienes el contenido del informe “Guatemala nunca más”, disgustó.
La ejecución del Obispo Gerardi provocó indignación general y forzó a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), a constituirse en querellante adhesivo para empujar la investigación del hecho. Tres años después, el Ministerio Público (MP), identificó a los responsables materiales y a algunos autores intelectuales, que siguen prófugos.
Entre los autores materiales con servicio en el Estado Mayor Presidencial, figuran ex oficiales militares y un sargento, como cómplice un sacerdote, siendo ellos, el capitán, Byron Lima Oliva, el coronel Byron Disrael Lima Estrada y el especialista Obdulio Villanueva, todos fallecidos, además, se sindicó de complicidad al cura Mario Orantes. En 2001, los tres militares fueron juzgados por ejecución extrajudicial y condenados a 30 años de prisión, mientras que la condena del sacerdote Orantes fue de 20 años.
En 2017, diecinueve años después de ocurrido el crimen contra el Obispo Gerardi, el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), destaparon el Caso conocido como “Caja de Pandora”, que descubre vínculos y presuntas acciones ilegales del alcalde capitalino Álvaro Arzú Irigoyen, señalado de proteger al exreo, el capitán Lima Oliva, con quien realizaron negocios ilícitos, además, de otorgar plazas fantasma en la Municipalidad de Guatemala a favor de la esposa y otros familiares de Lima Oliva.
Gerardi, fue Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala y Presidente de la Conferencia Episcopal. En los años 80, la dictadura militar le impidió la entrada al país luego de un viaje al Vaticano, en consecuencia, estuvo exiliado en Costa Rica, hasta que pudo retornar a Guatemala en 1982.
Con Monseñor Gerardi nos conocimos en 1990, cuando él asumió como Director de la ODHAG, a partir de entonces, mi actividad como defensor de DD. HH. me unió en amistad e intereses comunes a la lucha que Gerardi impulsaba por el derecho a conocer la verdad. En varias ocasiones viajamos juntos a Ginebra, Suiza para participar en la antigua Comisión de DD. HH. de las Naciones Unidas (ONU), desde esa tribuna internacional, el Obispo denunciaba con voz firme y clara las crueldades cometidas por el Ejército en contra de la población.
Los autores intelectuales del crimen siguen impunes, espero que algún día se haga justicia y sean capturados, juzgados y condenados.
