Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Una periodista norteamericana publicó en el Wall Street Journal un reportaje insinuando que la acusación que se hizo en nuestro país contra unos ciudadanos rusos que aprovecharon las mafias relacionadas con la migración para obtener papeles falsos que le permitieran su ingreso a nuestro país, está dirigida por el mismo Putin y los tentáculos de Rusia porque esas personas son enemigas declaradas del dictador ruso. Llama la atención que el medio que pertenece a la corporación mediática de Estados Unidos que protege a Trump y que califica la investigación que hace el Fiscal Especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones norteamericanas como cacería de brujas, ahora cuestione el trabajo de la CICIG en el caso de los rusos afirmando que la Comisión de la ONU está respondiendo a los intereses de Moscú.
La verdad es que el juicio iniciado por el caso de los rusos en Guatemala simplemente es consecuencia de que incurrieron en un delito para obtener papeles falsos que les permitieran entrar al país. Quien se considera perseguido por cualquier gobierno del mundo puede solicitar en otros países un asilo para lo cual basta con probar que uno corre algún peligro. Pero si, por ejemplo, Manuel Baldizón, ahora que está solicitando asilo en Estados Unidos alegando persecución política en su contra, va y compra una “Greencard” de residente permanente, seguramente será objeto de un juicio porque al margen de si pueda o no ser víctima de un acoso político, sus actos se tipificarían como delito por el uso de documentos falsos.
No existe documentación plena para establecer la situación política de la familia rusa que vino a Guatemala y obtuvo mediante papeles falsos un pretendido “estatus legal” para asegurar su permanencia en nuestro país. Lo único que está debidamente probado es que contactaron a una estructura criminal para obtener esa documentación y que, en consecuencia, incurrieron en delito. Las otras consideraciones no tienen cabida en el análisis del papel que ha desempeñado tanto la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala como el Ministerio Público porque se trata de un caso con suficiente solidez para probar los hechos.
Tras el asesinato de enemigos de Putin en Gran Bretaña se ha desatado con justa razón una oleada de ataques al dictador ruso que se acaba de reelegir y que recibió la efusiva felicitación del mismo Donald Trump, quien hoy, forzado por las circunstancias y la avalancha de reacciones en su propio país, decretó la expulsión de diplomáticos rusos. Pero también ha servido ese asesinato para que con la mayor mala leche posible, tal vez bajo influencia judía, se dirija un ataque contra los entes que en Guatemala actuaron conforme a la ley para deducir la responsabilidad penal a quienes falsificaron documentos para entrar a nuestro país. Aquí, en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo, los perseguidos políticos tienen el recurso del derecho de asilo para buscar protección, pero eso no significa, en ningún caso, que se pueda o deba utilizar documentos falsificados para fingir una condición migratoria inexistente. Si algo es cacería de brujas es el peregrino criterio sostenido por el diario de los Murdoch.
