Raúl Molina
El “Pacto de los Corruptos” se realizó con el objetivo de blindar a quienes necesitan de impunidad para mantenerse fuera de la cárcel. La impunidad la necesitan quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante el Conflicto Armado Interno -ante las centenas de miles de víctimas, los responsables son muchos- y por ello han llenado el sistema judicial de personas de confianza para evitar que se les enjuicie y castigue. En la era post conflicto ha habido una cantidad menor de esos crímenes; pero el sistema ha entrado en mayor corrupción, y ésta también mata. El dinero que, de manera ilícita, ha ido a parar a los bolsillos de los funcionarios, entre otros, el “bono de responsabilidad” para Jimmy Morales y altos jefes militares, proviene de recursos sustraídos al combate contra la pobreza y a brindar nutrición, salud y educación. Guatemala no cumplió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y fue el único país que en los últimos años, en vez de disminuir la pobreza como se propuso la comunidad mundial, vio aumentar ésta en un diez por ciento, lo cual es abominable. La podredumbre y responsabilidad criminal han sido expuestas por el MP y la CICIG, lo cual debió hacer caer al Presidente y su Gabinete. Si hubiésemos insistido en las renuncias correspondientes con la misma determinación que en 2015, ya estaríamos en la fase de depuración y cambio del sistema político y en la transformación del Estado. La opción era sacar a los corruptos para permitir que el MP y la CICIG profundizaran su trabajo y obtuviesen más resultados; pero, cometimos el error de permitir que la mal llamada “institucionalidad” dejara a los corruptos en sus puestos y dispuestos al contraataque.
No solamente no se produjeron las renuncias, sino que el Pacto de los Corruptos buscó asidero en gente semejante a ellos en la Administración de Trump. Centrado en obtener sus objetivos esenciales -detener la inmigración centroamericana, controlar el narcotráfico según sus conveniencias y agredir a Venezuela- el imperio otorgó un compás de espera y los corruptos, guiados por militares retirados, los Arzú y el Ejecutivo, se han “tapado con la misma chamarra” y se lanzan ahora al asalto de todas las estructuras del Estado. No solamente en la forma visible a la ciudadanía, con la elección de Junta Directiva del Congreso, la distribución de comisiones y prebendas, la compra de votos en asuntos vitales y la designación de funcionarios y magistrados, sino que escuchamos las quejas de empleados públicos, que ven cómo gente capaz es destituida por no aceptar prácticas corruptas y los puestos de dirección son ocupados por la ralea impuesta por el FCN-Nación. Estamos en el período de imposición y desfachatez, que señala que los corruptos se aprovechan de dos factores: uno, la paralización de la protesta social; y dos, el apoyo de los sectores más turbios del gobierno de Trump en Estados Unidos. Para la próxima semana se prepara en el Congreso un asalto más, con el intento de expulsar al Procurador de los Derechos Humanos. Es hora de que la ciudadanía despierte y enfrente ya, de una vez por todas, al corroído sistema que nos domina, es decir, “la dictadura de la corrupción”.
