Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Ayer las autoridades conocieron las observaciones que sobre la situación de nuestra economía tiene la Misión del Fondo Monetario Internacional que se encuentra en el país y en la que destaca que casi todas las economías que estaban como la nuestra en el año 1980 aumentaron su ingreso per cápita con mucha mayor velocidad y que Guatemala ha tenido crecimientos realmente moderados que repercuten en los niveles de pobreza. Y es que se ha visto que somos de los pocos países del mundo en donde no hay siquiera avances mínimos para reducir la pobreza y, lejos de eso, hemos retrocedido al ver que se incrementa el contingente de pobres y de familias que viven en condiciones de extrema pobreza.
Pero todo tiene que ver con la forma en que funciona nuestro Estado porque somos un país con mucha riqueza y potencial, pero desde hace décadas nuestras autoridades se prestaron al juego de la cooptación que coloca toda la institucionalidad al servicio de la corrupción y no existen políticas públicas porque en todas las dependencias lo que se hace y busca es cómo hacer negocios y trinquetes.
Desde que se financian las campañas electorales quedan claros los mandatos. El mandatario no es del pueblo sino que sus mandantes son los financistas que pusieron pisto para el proselitismo electoral y para que se lo embolsen los aún candidatos que desde que lo son le venden el alma al diablo. Y el diablo siempre ha sido el mismo, porque los políticos van y vienen, pero quienes los enriquecen son permanentes y han aprendido cómo mangonear las debilidades institucionales para sacar el máximo provecho.
En los países que estaban al nivel de la Guatemala de 1980 las autoridades emprendieron programas y planes de desarrollo que permitieron un mayor crecimiento económico y, al mismo tiempo, generaron políticas públicas de mayor inversión social para generar mejores condiciones para todos los habitantes de sus países. Aquí todo es negocio, desde la compra de medicinas que ha sido un perpetuo crimen contra la población, hasta la autorización de licencias para la explotación de recursos naturales mediante sobornos muy jugosos. Se habla mucho de la certeza jurídica ahora, pero no se dice que muchos de los derechos adquiridos son producto de coimas y sobornos como el de la Terminal de Contenedores Quetzal que pudo develarse gracias al trabajo de la CICIG y del Ministerio Público.
La cooptación puso a todo el Estado al servicio de intereses espurios y hoy estamos viendo, en esa crítica que hace la delegación del Fondo Monetario Internacional, parte de sus efectos porque abandonamos las verdaderas funciones de un Estado como facilitador y promotor del desarrollo equitativo. Por supuesto que los cooptadores siguen pensando que el país está bien, que la lucha contra la corrupción frena el desarrollo y la actividad, pero la realidad es que los guatemaltecos hemos pagado un enorme precio, acaso irreparable, por las maniobras que a lo largo de casi cuatro décadas han venido consolidando el modelo de la corrupción.
