Los hechos demuestran que aunque nuestra legislación tipifique como delito de prevaricato la acción del “Juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado con prisión de dos a seis años. Si la resolución dictada consistiere en sentencia condenatoria en proceso penal, la sanción será de tres a diez años”, en la práctica ese crimen quedó sin efecto porque son consistentes las resoluciones dictadas por tribunales superiores en las que rechazan cualquier denuncia de prevaricato sobre la base de que esas denuncias atentan contra la autonomía judicial.
No hay que ser genio, ni mucho menos letrado, para entender que cuando una jueza se saca de la manga una resolución para decir que un sindicado tiene derecho de antejuicio porque la Constitución de la República no prohíbe que goce de esa especial protección, está incurriendo en prevaricato. Tampoco hay que serlo para entender que cuando una magistrada es esposa del encargado de la comunicación social de un Presidente aliado del Alcalde para cimentar el pacto de la corrupción, debió excusarse de conocer el antejuicio contra ese Alcalde so pena de incurrir en prevaricato por el manifiesto conflicto de interés.
Sin embargo, resoluciones como la que mantuvo el antejuicio a favor del Juez Mynor Moto, ahora conferencista en un seminario sobre la “independencia judicial”, demuestran que hay una decisión radical de los órganos jurisdiccionales para erradicar de nuestro ordenamiento legal el delito de prevaricato. Un juez puede resolver de la manera que le venga en gana porque no sólo no será nunca juzgado por prevaricato, sino que además ya se sabe que sus resoluciones reñidas con la ley serán respetadas y avaladas por los órganos superiores siempre y cuando estén orientadas a proteger a los que operan en el régimen de la impunidad que hay en el país.
En otras palabras, por decreto judicial se ha dispuesto que ya no existen resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos porque, según la jurisprudencia que se pretende sentar, todas esas resoluciones son parte de la cacareada independencia judicial que faculta a los jueces y magistrados a resolver simple y sencillamente como les venga en gana.
Y llegan más lejos porque en comunicados para fijar postura de una vez califican de espurias y atentatorias contra esa independencia de las judicaturas cualquier denuncia que los órganos competentes se atrevan a hacer en contra de algún Juez. Ni siquiera demostrando que las resoluciones son contrarias a la ley cabe denuncia alguna según el nuevo patrón expresado.
