Adolfo Mazariegos
Ha trascendido, en los últimos días y en distintos medios, la noticia de que el Congreso de la República ha adquirido un seguro médico y de vida que cubrirá (cubre) a los 158 diputados, a los directores y subdirectores del Congreso, y a sus respectivas familias (Acta de Junta Directiva 7-2018 del dos de febrero de este mismo año, por un monto superior a los 14 millones de quetzales). En tal sentido, me parece que, tanto en el Organismo Legislativo como en cualquier otra institución del Estado, todo funcionario, empleado o colaborador, tiene el derecho y la libertad de proteger su salud y prepararse para cualquier eventualidad que pudiera tocarle experimentar como parte del devenir constante de la vida al que todo ser humano está expuesto, de la manera que considere más conveniente, con la empresa aseguradora de su conveniencia y por los montos que mejor le parezcan y/o se adecuen a sus necesidades y posibilidades. Sin embargo, no me parece correcto que para ello un Organismo de Estado utilice fondos públicos, sobre todo cuando en el país existen miles de personas (por no decir más) que ni siquiera tienen acceso a un sistema público de salud digno, mucho menos a un seguro de vida como el que evidentemente cuya adquisición ha molestado a tanto ciudadano guatemalteco. Muchos funcionarios públicos, dignatarios de la nación, o cualquier otro adjetivo que se desee utilizar para su denominación, siguen sin comprender que ser un “servidor público” es un privilegio, una oportunidad que se les ha concedido para servir al país y a sus ciudadanos, no para servirse del dinero público y de las ventajas que el puesto pueda darles en un momento dado. Los puestos en la función pública, al final de cuentas, son pasajeros. Y el dinero público, por lo tanto, debe ser visto como algo sagrado, en virtud de que pertenece a todo el país y no solamente a un grupo o grupos dispersos por aquí y por allá que probablemente se han acostumbrado a que “como así ha caminado el asunto y así ha sido la dinámica desde hace tiempo, así debe seguir y no haremos nada para cambiarlo”. Como solían decir las abuelitas: ven la tormenta venir y no se persignan, aplicado en este caso, a las inconformidades con ciertas acciones de servidores e instituciones estatales que parecieran hacer caso omiso y oídos sordos a las reiteradas demandas ciudadanas. En lo particular, (reitero) no tengo nada en contra de querer buscar una buena atención médica y cobertura de vida, al contrario, pero sí me molesta y estoy en desacuerdo en ser uno más de los que, además de pagar con el dinero que gano trabajando, el seguro de mi núcleo familiar, también deba contribuir a pagar el de funcionarios (o dignatarios) que bien pueden costearlo con el salario que reciben, y que independientemente de los gastos personales que puedan tener, es muy superior a lo que gana una gran mayoría en este país.
