Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Hay quienes han venido haciendo porras a ciertas actuaciones judiciales porque estiman que en medio de la preocupación existente, los jueces son los llamados a detener los avances de cualquier investigación y se han dispuesto a darle alas, recursos y apoyos a quienes van por un intento de total control (digo total porque control siempre han tenido) del aparato judicial y de quienes estén dispuestos a actuar como sea y para muestra un botón: la jueza Claudette Domínguez.
Pero es importante advertir que alentar esas conductas para calmar preocupaciones, es condenarnos porque estamos alentando el imperio de la impunidad y la dictadura de la corrupción, incentivando el mal actuar e invitando para que se siga haciendo un calvario a los honrados, todo por la esperanza que las cosas mal hechas se resolverán en las Cortes cooptadas.
Claro que en los operadores de justicia, hay importantes excepciones que no han sucumbido ante las mafias y sus maneras de operar, pero son los menos y se la ven a palitos porque, además, el sistema opera de una manera que permite premiar a los que son parte de la jugada “shuca” y castigar a quienes no desean alinearse a los intereses perversos.
Tras la resolución del juez Mynor Motto se presentó una solicitud de antejuicio por el delito de prevaricato, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con su resolución, le dio alas a los jueces para que abiertamente puedan actuar en contra de lo que mandan las leyes.
De ese intento de control no escapa la misma Corte de Constitucionalidad (CC) que ha estado bajo fuego por detener la expulsión de Iván Velásquez y por el caso de la Mina San Rafael y encontró en el tema del financiamiento electoral el mejor mecanismo para congraciarse y le ordenó al Congreso que reviva el 13 de septiembre, pero le encomendó que esta vez sí cuiden las formas.
De tal manera que el plan para detener cualquier riesgo es a terminar de destruir un maltrecho Estado de Derecho buscando eliminar cualquier imperio de la ley y esa es la peor apuesta que como país podemos hacer en todo sentido, social, judicial y empresarialmente hablando y el hostigamiento en contra de los jueces que aplican la ley aumentará.
Los plazos en Guatemala no se cumplen, pero eso ha sido de años, aunque ahora las élites se hayan dado cuenta de la gravedad del sistema, pero por eso fue que se planteó la necesidad de reformar la justicia. En el país no se han cumplido todas las garantías, pero no porque el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) las estén violando, sino porque aquí opera la justicia por propia mano (y antes con mayor fuerza la limpieza social) y la gente puede hacer muchas cosas sin consecuencia alguna.
Para todo aquel que sueña y lucha por un país diferente, este panorama no puede ser alentador y debe ser motivo de profunda reflexión y denuncia (invertir en estas condiciones es prácticamente imposible y nuestros indicadores de desarrollo humano seguirán por los suelos, exportando gente por doquier) y por eso debemos definir los bandos: ¿de qué lado está usted?
