Factor Méndez Doninelli
Los corruptos e impunes, muchos de los cuales ya guardan prisión y están debidamente procesados, otros aún prófugos, juntos con sus equipos de defensores profesionales acompañados por asociaciones de militares contrainsurgentes, violadores de derechos humanos (DD. HH.) y todavía impunes, insisten en afirmar que las acciones del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) responden a una “justicia selectiva”, porque según ellos, sólo se persigue a unos y se protege a otros.
Ese es un discurso falso, sin fundamento, sin ningún sustento sólido, ni político, mucho menos jurídico, que solo persigue desviar la atención ante los juicios penales y de mayor impacto social que en la actualidad enfrentan algunos por presuntos actos de corrupción e impunidad, altos exfuncionarios de los tres poderes del Estado, expresidentes, exministros, exjueces, exmagistrados, exdiputados y diputados, empresarios de alto copete, militares de alto rango, lacayunos y testaferros, todos enfrentando la justicia por corruptos, ladrones, violadores de DD. HH., impunes.
El MP y la CICIG en correspondencia con sus atribuciones investigan, procuran la recolección de pruebas y construyen un caso sólido que en su oportunidad, deciden presentar ante los Órganos Jurisdiccionales para continuar el debido proceso y hacer efectivo el derecho de defensa reconocido en la ley. Lo negativo es que la defensa de estos corruptos y violadores de DD. HH., en una estrategia mal intencionada acuden al litigio malicioso y al abuso de los recursos para retardar la aplicación de la justicia.
En Guatemala, la aplicación de la justicia como un valor humano, está en el centro del debate, sobre todo, luego que redes criminales de extorsionistas, sicarios, robos a los patrimonios personales y corruptos, están siendo investigados, perseguidos y sometidos a la justicia para que respondan por sus crímenes. En otras palabras, la acción eficaz del MP está incomodando a quienes se sienten afectados y por esa razón, se oponen a que se aplique la justicia.
Con respecto al combate a la corrupción e impunidad, los ciudadanos y población interpretamos que las redes de pícaros, corruptos y violadores de DD. HH., siguen intentando desprestigiar el trabajo del MP y la CICIG en un vano esfuerzo, por deslegitimar la justicia y retorcer el derecho.
Por lo que hasta ahora se sabe, no se ve que exista la tal “justicia selectiva”, pues notamos que se persigue por igual a quienes están envueltos en actos que violan la ley, sea cual sea la naturaleza de esa infracción, por eso, me refería antes a la persecución de redes criminales de todo tipo, entonces no tiene sentido argumentar o defender la idea que en el país hay una “justicia selectiva”, esa posición es necia y fuera de lugar, por inconsistente.
Esta semana asistimos a otra sorpresa, la captura y sindicación de cargos por corrupción ligados al caso del Transurbano, por lo que están sometidos a la justicia el expresidente Álvaro Colom, varios ministros de su Gabinete y empresarios del transporte, presuntamente involucrados en el ilícito citado.
Estos hechos muestran con claridad que no hay “justicia selectiva”. Lo que ocurre es que quienes hoy enfrentan a la justicia por sus crímenes y robo a los fondos públicos, buscan pretextos para evadir el castigo. Lo que seguiremos viendo en el país, es un eficiente combate a la corrupción e impunidad, gracias al trabajo conjunto MP y CICIG.
#YoNoSoyImpunidad.