Cuando se presentó la etapa 1 del Caso La Línea, en el que inicialmente aparecía únicamente Roxana Baldetti, pareció como si esa estructura llegaba hasta la Vicepresidencia, pero posteriores investigaciones y aportación de pruebas permitieron incriminar también al entonces presidente Otto Pérez Molina. El caso Transurbano no sólo implica cantidades muchísimo mayores de dinero sino que es otra Caja de Pandora porque evidentemente allí sí salpicaron a medio mundo y aún está por verse el desenlace de ese multimillonario fraude cometido en perjuicio del Estado de Guatemala.
Porque el transporte público de la ciudad de Guatemala es un serio problema que va más allá de la creación de las cuatro empresas que sirvieron para captar los primeros 35 millones de dólares que les regalaron gracias al acuerdo en Consejo de Ministros que generó la captura de casi todos los colaboradores de Álvaro Colom. Pero las ramificaciones de ese negocio son inmensas, tanto así que las empresas que recibieron sin control ese dinero público usaron buena parte para comprar los buses articulados que luego dieron en arrendamiento a la Municipalidad para que operaran en el sistema de Transmetro. Además está el negocio de la construcción de las paradas de los buses de Transurbano, ejecutada por una empresa de la que era socio prominente el actual Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM.
Tiene que investigarse también ese descarado aumento al subsidio que se produjo durante la administración de Colom y la UNE y que pasa de los mil millones de quetzales. Porque ese dinero nunca fue auditado ni se pudo comprobar que fuera entregado contra el efectivo servicio prestado por alguna unidad de transporte. Como era dinero público hicieron fiesta con los dirigentes de la Asociación de Empresarios del Transporte Urbano.
Vale la pena recordar que el día en que fue presentado el “maravilloso sistema de transporte”, el Alcalde atacó a quienes habíamos criticado el negocio diciendo que “Esos son los bueyes con los que tenemos que lidiar los funcionarios públicos”. Pues resulta que el buey tenían razón y la mula era la equivocada porque ahora está demostrado que las prevenciones formuladas en aquellos aciagos días, cuando no había una CICIG interesada en el tema de corrupción y, mucho menos, un Ministerio Público que le pusiera atención a los trinquetes que se cometen en la esfera pública con cómplices como los transportistas, se quedaron cortas en comparación con lo que en realidad llegó a ser ese asqueroso negocio cuyas implicaciones, repetimos, aún están por verse y tienen a muchos con la camisa levantada.
