Juan José Narciso Chúa
Como señalaba en el artículo anterior, la cultura de la transgresión se ha convertido en el sustrato de esta sociedad, provocada en buena medida por la corrupción y la impunidad, dos flagelos que se han internalizado en diversos grupos sociales que se han beneficiado de los recursos del Estado, al que han utilizado como un auténtico patrimonio. De esta cuenta, la cultura de la transgresión ha llevado a romper con cualquier ordenamiento establecido, no importa que el mismo sea legal, sea consuetudinario, sea administrativo o sea de tránsito.
La burla a preceptos legales es otro comportamiento dentro de la cultura de la transgresión que ha conducido a buscar formas o trucos que permitan evadir o eludir o hasta aprovecharse de una regulación legal como las obligaciones fiscales o laborales, para lo cual se usan mecanismos de doble contabilidad o la creación de crédito fiscal en donde no existen empresas o bien “morder” para “colarse” en los primeros lugares para ser beneficiarios del crédito fiscal. El último caso denominado “Tráfico de Influencias”, es una muestra de ello.
En el ámbito laboral, también se han instituido mecanismos para burlar las leyes. Así, por ejemplo, en muchas empresas no se paga el salario mínimo; se piden facturas hasta un monto determinado para pagar el IGSS y el resto se paga en efectivo; con lo cual las personas al jubilarse no tienen el monto que en ley les correspondería. Ha sido público el caso de aquellas personas que pagaron el IGSS toda su vida laboral, pero el patrono jamás hizo efectivo el pago, con lo cual todas estas personas perdieron su derecho a jubilación y salud.
En el aspecto ambiental también se hace efectiva una cultura de la transgresión, cuando se evaden o evitan todas las regulaciones que existen en materia ambiental, cuando en realidad este marco jurídico lo que busca es la sostenibilidad del ambiente o de los recursos naturales, con lo cual se afecta el futuro y se daña el balance de recursos, tal es el caso de la empresa que produce aceite de palma africana, que hoy es público que muchas empresas cortaron sus compras a la misma, pues se reconoce que no sólo violaron la normativa ambiental, sino además dañaron indefectiblemente los derechos humanos de las comunidades en donde está ubicada dicha empresa.
Existen casos públicos en Guatemala en donde las empresas han pagado cantidades cuantiosas de dinero para comprar voluntades de funcionarios o diputados, a quienes les señalan que algunas leyes deben pasar en forma inmediata, prácticamente sin ninguna lectura, únicamente para favorecer a intereses económicos o fácticos particulares.
Todos los casos de la cultura de la transgresión que conllevan la corrupción como punta de lanza y la impunidad como acción de retaguardia para asegurar la transgresión, muestran que muchas personas están involucradas en esta situación, pero que los golpes de la investigación criminal que han desarrollado tanto el MP como la CICIG, constituyen muestras palpables de cómo se tejen auténticas monstruosidades para apropiarse de fondos del Estado. Hoy la situación ha cambiado, situación que todos esperamos que conduzca a construir una nueva cultura de la legalidad en el país.
*Lamento mucho los casos de Any de Molina, Juan Alberto Fuentes y Luis Ferraté, personas a quienes estimo personalmente, espero sinceramente puedan solventar su situación jurídica.
