Esta mañana reventó, por fin, el célebre caso Transurbano en el que el gobierno de Álvaro Colom, bajo la directriz de la señora Sandra Torres como verdadero poder tras el trono, dispuso del dinero público para financiar una operación de los transportistas de la ciudad de Guatemala que habían jugado un papel importante a favor de Colom en la movilización para su elección. El expresidente y prácticamente todo su Gabinete de gobierno están, al momento de escribir esta nota editorial, en la carceleta esperando ser consignados ante juez competente.
Es, después de las implicaciones de Pérez Molina y Baldetti en casos como La Línea y Cooptación del Estado, seguramente el mayor golpe propinado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad a la corrupción generalizada que ha sufrido Guatemala. Todos los ministros que firmaron el acuerdo están sindicados por su responsabilidad al haber autorizado el uso de millonarios fondos públicos para financiar un negocio privado, y falta ver cuál es el papel que jugó Sandra Torres, pues sin su bendición no ocurría absolutamente nada en ese gobierno en el que el marido era un pobre fantoche que daba la cara.
Un mensaje clarísimo para quienes desempeñan funciones públicas, para que reparen en lo que firman, porque toda rúbrica de un documento como el Acuerdo Gubernativo que le regaló el dinero a los transportistas tiene consecuencias. No se vale aquello que en su momento dijeron algunos cuando cayó un dirigente empresarial por los negocios en el IGSS, en el sentido de “que sólo firmó un documento”. Queda claro que el refrendo que avala un negocio implica gravísimas responsabilidades para quien lo estampa. Palabra especial merece, en ese sentido, el exvicepresidente Rafael Espada quien no estuvo de acuerdo con esa práctica y se negó a firmar el acuerdo pese a que una gran cantidad de los que emitió el gobierno del que formó parte fueron avalados por él como Vicepresidente.
Fuimos de los críticos más severos del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala por no judicializar el caso de Transurbano ni ninguno que tuviera que ver con los Colom Torres y compañía, sabiendo que su operador en la corrupción, Gustavo Alejos, quemó por donde pasaba y, sin embargo, no aparecía ningún caso. Hoy reconocemos que la tardanza valió la pena para fundamentar el caso contra ese gobierno de pícaros, como casi todos los que hemos tenido desde la “apertura democrática” y se ratifica que nadie es superior a la ley.
