Ayer el Presidente de la República, en su informe del segundo año de gobierno, dijo que él ha abanderado la lucha contra la corrupción y hoy la Fiscal General, Thelma Aldana, tajantemente dijo que no lo ve como un aliado en ese esfuerzo por combatir uno de los peores vicios que hay en el sistema político y que ha destruido la capacidad del Estado para cumplir con sus fines esenciales.
La tajante declaración de la titular del Ministerio Público define claramente los campos porque el Ejecutivo y el Congreso han conformado un pacto evidente y clarísimo, bajo la dirección del alcalde Álvaro Arzú, para frenar como sea cualquier acción para combatir la impunidad y la corrupción en Guatemala. La Fiscal General, quien se ha distinguido por su esfuerzo por enfrentar de manera muy frontal a los actores de las diversas formas de corrupción, tiene autoridad moral para calificar quiénes son aliados de ese esfuerzo por sanear al país y quiénes los enemigos que están empeñados en consolidar un sistema que fue desnudado desde el 2015 cuando se destaparon los primeros casos de ese persistente e inmisericorde enriquecimiento ilícito que ha caracterizado el ejercicio de la política en Guatemala.
Es obvio que la reforma política para acabar con la cooptación del Estado no tiene futuro en la legislatura actual porque todo se definió el sábado cuando concretaron la elección de una Junta Directiva con rostros que implican el más categórico mensaje a favor de la impunidad. No sólo se trata de diputados que votaron a favor de aquellas leyes que pretendieron exonerar por decreto a los señalados por corrupción y que además pondrían fin a cualquier investigación subsiguiente porque la cooptación del Estado dejaba de ser delito, sino que el primer discurso de Arzú júnior no deja lugar a dudas respecto a la intención de mandar al diablo los planteamientos de los sectores sociales y de la comunidad internacional.
En ese contexto hay que decir que es obvia la ruta que tomará a partir de hoy el proceso para el nombramiento de nuevo Fiscal General y es obvio, también, que Thelma Aldana no tiene la más remota posibilidad de ser designada. Poco importa que mundialmente se le reconozca su entrega, junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, a la causa contra la corrupción porque, precisamente, es eso lo que le cierra las puertas ahora que los campos han quedado perfectamente definidos y llega también la hora a la ciudadanía para decidirse entre quiénes cierran filas para apuntalar al sistema y quiénes demandan el imperio de la ley.
