Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
En algunos círculos se discute abiertamente la importancia de la elección del Fiscal General, aunque para la mayoría de ciudadanos este asunto pasa desapercibido. Los altos índices de impunidad, la corrupción generalizada y las estructuras criminales que se han incrustado en nuestra sociedad, convierten la elección del fiscal en un tema que debe ser prioritario para todos los guatemaltecos.
Es en el Ministerio Público donde recae la responsabilidad de investigar los hechos delictivos que se cometen en el país. Desde los delitos más comunes como el robo, la extorsión o la violencia intrafamiliar, hasta los más complejos como el asesinato, la violación o los delitos de alto impacto y los relacionados con actos de corrupción, pasan por la fiscalía. Por eso, el principal desafío para nuestro país este año, será la elección del Fiscal General.
Se requiere que quien ocupe ese cargo, mantenga la autonomía del Ministerio Público, que sea capaz de dirigir la persecución de los delitos y que continúe promoviendo la lucha contra la corrupción, que ha abanderado la actual fiscal Thelma Aldana, con el respaldo de la CICIG.
Una persona independiente, competente, con experiencia en el sistema de justicia y en la administración pública, pero sobre todo honesta, capaz de estructurar un plan estratégico para investigar los actos criminales de forma efectiva; que lidere a las fiscalías para que estas actúen con la diligencia necesarias a fin que los delincuentes sean castigados, tiene la posibilidad de incidir en que se reduzca la delincuencia en nuestro país y que se fortalezcan las instituciones de justicia.
Por esas razones es indispensable que todos se interesen en este tema y participen activamente. Aunque la responsabilidad última de elegir al Fiscal, recae en el Presidente de la República; hay un compromiso de los integrantes de la Comisión de Postulación, quienes previamente deben preparar un listado con los nombres de seis candidatos. El resto de los habitantes también pueden contribuir, de distintas formas, para que el proceso sea legítimo.
El gremio de abogados tiene una exigencia especial en este tema; deben, por tanto, motivar a que los colegas más destacados de nuestra sociedad se postulen. Entre más abogados capaces presenten su candidatura, mayor será la posibilidad de contar con la persona idónea para dirigir el MP.
Los estudiantes universitarios, de distintas áreas, están obligados a exigir, a los decanos de las facultades de derecho, una actuación ética y apegada a la ley en su función como comisionados. Los medios de comunicación tienen que informar a la ciudadanía sobre el proceso y sus etapas; sobre quienes integran la Comisión y el perfil de los postulantes; así como los méritos y experiencia de los candidatos.
Las organizaciones de sociedad civil pueden exigir que el proceso sea transparente y verificar que se cumplan con los lineamientos de los estándares internacionales en la evaluación de los postulantes. Otro aporte importante, sería ayudar a identificar los conflictos de interés que puedan surgir en el proceso de elección.
Quien alguna vez ha sido víctima de violencia; quién quiere vivir en un país en el que se respete la ley; quien sueña con que las oportunidades sean para todos y no solo para quienes ostentan poder, debe interesarse en la elección del Fiscal General. Ser indiferentes en este tema es condenar a Guatemala a ser el país de la eterna impunidad.
