Félix Loarca Guzmán
La decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de poner en vigencia a partir del uno de enero en curso un aumento al salario mínimo por el equivalente del 3.75 %, es una burla para los trabajadores, según expresaron algunos dirigentes de la parte laboral, al rechazar enérgicamente la medida.
Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un incremento del 40 % al salario de los trabajadores de esa Nación sudamericana, a pesar de la guerra económica que los sectores oligárquicos emprendieron hace meses en contubernio con perversos aliados externos, como parte de un plan internacional destinado a derrocar al gobierno de Caracas.
El actual régimen revolucionario de Venezuela se ha convertido en una piedra en el zapato para quienes desde el extranjero, sueñan con volver a apoderarse de su petróleo y de sus demás riquezas, como antes de la nacionalización ordenada por el presidente Hugo Chávez.
Con estas medidas del salario mínimo, los lectores podrán sacar sus propias conclusiones y comparar la realidad de los dos países. Guatemala, gobernado por un cómico oportunista, sin experiencia política, subordinado totalmente a los intereses del exterior y a los de unas pocas familias que ejercen el poder económico nacional, que son dueñas de bancos y de las principales industrias del país.
Venezuela, un país independiente, progresista y soberano, gobernado por un obrero que se auto preparó, convirtiéndose en uno de los principales estadistas del siglo XXI, quien en medio de muchas adversidades, ha salido airoso venciendo la violencia con votos y con medidas democráticas.
El ajuste salarial aprobado por el Presidente guatemalteco, es un sueño, pues no alcanza para casi nada, ya que desde noviembre y diciembre, muchas empresas aumentaron los precios de sus productos.
A estas alturas casi todos los precios están por las nubes y los salarios se derriten como terrones de azúcar. El poder adquisitivo de la moneda nacional está por el suelo.
Guatemala es uno de los países que se encuentra a la zaga en el campo de desarrollo humano, pues casi el 60 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza, con alrededor del 50 por ciento de desnutrición infantil, deficientes servicios públicos de salud y educación, además de una impresionante impunidad y corrupción en el sector estatal y en las entidades privadas.
