Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Ya no es un secreto que las Comisiones de Postulación se convirtieron en instrumentos para apuntalar los vicios de la impunidad en Guatemala y que el esfuerzo por despolitizar los nombramientos, trasladando a la Academia la responsabilidad de postular aspirantes, terminó prostituyendo a esa Academia que diligentemente se puso al servicio de los más nefastos intereses. Y ahora estamos frente al proceso para designar al futuro Fiscal General de la República que tendrá bajo su responsabilidad el velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y que será pieza clave para marcar el futuro en cuanto a la continuidad o el fin de los esfuerzos en contra de la corrupción y la impunidad.
Por mandato constitucional la comisión para postular candidatos a Fiscal se integra con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien preside la comisión, los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país y los Presidentes del Colegio de Abogados y Notarios y del Tribunal de Honor de dicho Colegio, quienes han de conformar una lista de seis candidatos entre los que el Presidente de la República deberá elegir al futuro Fiscal.
Ya sabemos que el Presidente de la República está desde hace meses viendo cómo termina la lucha contra la corrupción, al punto de haber declarado persona non grata al Comisionado Iván Velásquez para expulsarlo del país. En su decisión no puede ponerse ninguna esperanza porque públicamente tomó partido por el lado de los corruptos que conformaron el pacto tenebroso que intentó despenalizar los crímenes para dejar sin responsabilidad a los sindicados por actos de corrupción. El mandatario no entendió nunca que su mandato, generado en las urnas por electores asqueados de la política tradicional, lo obligaba a dirigir un proceso de depuración del Estado de Guatemala y, lejos de eso, al verse él y su entorno familiar vinculados con procesos, se propuso cortar de tajo lo que había iniciado en el año 2015 y que terminó generando su propia elección como repudio a los políticos tradicionales.
De suerte que si alguna esperanza hay de que pueda mantenerse un Ministerio Público honesto comprometido con la aplicación y el estricto cumplimiento de la ley, hay que pensar en los postuladores, con todo y que representan justamente a quienes han cimentado el muro de la impunidad en el país. Y cuesta encontrar motivos esperanzadores porque ni siquiera aquellos que representan a universidades serias han podido contener la labor de los que vienen de universidades más o menos espurias y de quienes han sido electos con groseros financiamientos también ilícitos para dirigir las entidades gremiales.
El ojo ciudadano puede y debe ser el recurso más importante para fiscalizar el trabajo de los postuladores a fin de impedir que meta en la lista a siquiera un elemento comprometido con la impunidad y la corrupción porque si sólo uno de ellos se cuela, ese será el escogido por el Presidente para el cargo de Fiscal. Así de importante es en este momento esa Postuladora y la actitud ciudadana para mantenerse ojo al Cristo.
