Víctor Ferrigno F.
Terminamos mal el año 2017, inmersos en una de las peores crisis político-institucionales que ha vivido el país, y no se vislumbran políticas públicas, ni acciones ciudadanas, ni factores internacionales que nos permitan prever que saldremos de ella en el corto plazo. Todo lo contrario, lo previsible es que la situación se agrave en 2018, pues la inercia nos arrastra.
Para salir de esa crisis político-institucional se requieren muchas cosas, pero dos son torales: una firme, masiva, permanente y concertada acción ciudadana para enfrentar la corrupción y la impunidad, así como un Congreso que, acatando la voluntad popular, efectúe las reformas legales necesarias para iniciar un proceso constituyente que, mediante la construcción de consensos básicos, nos permita arribar a una Asamblea Nacional Constituyente, de poder originario, para definir nuevos modelos económicos, políticos, sociales y culturales, que viabilicen la construcción de un Estado plurinacional y democrático de Derecho. La disyuntiva es si lo hacemos de manera concertada o en un contexto de confrontación social.
El problema de corto plazo reside en que los partidos y el Congreso es el epicentro de la crisis; por lo tanto, no pueden ser parte de la solución de la misma y hay que depurarlos. Para el efecto, no podemos seguir con pruritos legaloides, pues la alianza de los corruptos y los impunes ya rompieron la institucionalidad, y han capturado el aparato estatal. La depuración legislativa, por lo tanto, hay que entenderla como un proceso de restauración constitucional.
Si no actuamos rápido y con decisión, el proceso de restauración de la alianza de los corruptos y los impunes se consumará, y regresaremos a la situación que enfrentamos en 2015, con las movilizaciones ciudadanas, pero sin contar con el factor sorpresa. Si se restaura plenamente el poder corrupto, la acción ciudadana pacífica podría tornarse violenta, en legítima defensa de los derechos constitucionales. Con ello perderíamos todos.
Un aspecto medular es no perder la autonomía de la acción ciudadana, para que las soluciones sean concertadas y legítimas. La cúpula empresarial quiso ponerse al frente y controlar el movimiento, pero no lo logró. La ciudadanía movilizada rechazó la dirección del CACIF, la de Fundesa, la del Foro Guatemala y la de las iglesias Católica, Evangélica y Judía que promovió Eduardo Stein.
En este proceso han sido los jóvenes, los pueblos indígenas, el movimiento de DD. HH. y los ciudadanos de a pie, quienes han decidido dirección y ritmo, lo cual ha sido positivo, pero insuficiente. Hay que dotarse de estructura, programa y dirección. Se requiere, pues, de más y mejor política, pero de nuevo tipo: transparente, concertada y desde abajo, para darle voz a los sin voz, y protagonismo a la ciudadanía consciente, organizada y proba.
En ese esfuerzo, que no será fácil ni rápido, hay que enfrentar con una postura unificada varios procesos: las elecciones de la Junta Directiva del Congreso, la del Fiscal General, la del Rector de la Usac y las Comisiones de Postulación. Así como la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y la aprobación de la ley del agua y la ley reglamentaria de consulta libre, informada y previa a los pueblos indígenas.
Otro factor que requiere de atención ciudadana, es la política económica, pero esto lo trataré en una columna específica.
En conclusión, 2018 nos depara un agitado proceso de lucha ciudadana, en el que se volverá a poner a prueba el temple de un pueblo que ha sabido librarse de sus verdugos, sin olvidar la máxima del insigne Simón Bolívar: “Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios”.
