Jesús Abalcázar López
jesus.abalcazar@gmail.com
No tiene lógica que se insista en llamar JUSTICIA INDÍGENA a lo que no es más que una aberración del concepto “JUSTICIA”. Claro, porque, aunque justicia es dar a cada quien lo suyo, tampoco debe ser contrario al sentido jurídico de la expresión: “a cada quien lo suyo”, PORQUE ESTO, SOLO PUEDE DARSE, SIEMPRE QUE SEA POR RESOLUCIONES JUDICIALES, CONFORME AL DERECHO. Y allí está el detalle intrínseco, entre: A cada quien lo suyo, pero no solo en base a tradiciones BASADAS EN OSCUROS ORÍGENES, aunque sean ancestrales, ni a criterios caducos de castigos crueles e infamantes, sino conforme al derecho escrito y científico, porque la justicia debe ser el producto de un juicio en igualdad de condiciones, oportunidades de acusación y defensa y con las garantías procesales prescritas en las leyes, y nunca como producto de costumbres irracionales e inhumanas alimentadas por decisiones antojadizas, aberrantes y humillantes, con actitudes de venganza y escarmiento, con odio y racismo, que se convierten en injusticias en nombre de la justicia.
Abundan los ejemplos de la barbarie de “la justicia indígena”. Un acto que se ha divulgado como “justicia indígena”, que no es más que la aplicación de “los castigos indígenas” disfrazados como justicia indígena. Aquí no existe el debido proceso, sino la saña de unos contra otros y aún, de unos contra los mismos. Los inculpados no se enfrentan ante jueces, sino ante verdaderos verdugos, cuyo objetivo no es la averiguación de la verdad ni hacer una verdadera investigación para que prevalezca una justicia real e incapaz de inclinar el fiel de la balanza con el peso de la impunidad y la corrupción que la convierta en injusticia, causando escarmiento, humillación y dolor. La justicia impone penas, pero “la justicia de los pueblos indígenas”, de Guatemala: impone severos castigos de humillación pública.
Es increíble qué, por la política de los políticos, de quedar bien con los grupos indígenas y por aceptar las presiones internacionales, se insista en seguir la farsa de que pueda ser posible la coexistencia pacífica de dos sistemas de justicia, paralelos, porque en un universo nacional de habitantes, el principio de igualdad es fundamental para la aplicación de la justicia. En nuestro país, es incierto a cuáles normas están sujetas las personas, si a unas u otras o a las dos, tal como le pasó al subcomisario de la Policía Nacional Civil, quien, el mes pasado, fue salvajemente castigado con terribles latigazos de su verdugo, “cometiendo un crimen, en nombre de la justicia indígena y cometiéndose una flagrante violación a sus derechos humanos”, porque fue, a la vista de todos y con repeticiones morbosas en la televisión: “mostrando la crueldad de la injusticia indígena”.
Pero, lo raro es que aún no hay información fidedigna sobre el caso, pues aún no se ha sabido nada de cómo marchan las investigaciones, las acciones y el proyecto de la acusación del Ministerio Público, puesto que se trata de un asunto de “lesa humanidad” y de gran trascendencia que no debe permitirse que siga sucediendo, porque son violaciones a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos, mundialmente reconocidos. Consideramos que se hace necesaria una conferencia de prensa, para ampliar los detalles de tan delicado asunto. Ya llegó el tiempo de cortar con estos castigos infamantes, que no tienen ningún resultado positivo en la conducta de los inculpados, más que llenarlos de odio, rechazo a su propia comunidad, resentimiento social y sentimientos de venganza.
