Oscar Clemente Marroquín
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Para que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala pueda actuar con eficacia y apego a la ley se requiere de un papel activo del Ministerio Público que tiene el monopolio de la acción penal en nuestro país y por ello es que se creó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que ha tenido a su cargo la acusación formal en los casos más sonados de corrupción que se empezaron a destapar desde el 2015. Sin una Fiscalía General activa y comprometida, el futuro del esfuerzo para atrapar a los corruptos se verá seriamente comprometido, por no decir que prácticamente puede llegar a su fin y veremos que empieza el desfile de los sindicados que serían devueltos al seno de sus hogares, tranquilamente, siguiendo los pasos de Fajardo y compañeros que están sirviendo de conejillos de Indias para medir hasta dónde llega la sangre de horchata de la población.
Por ello es que estamos ya en un ciclo crítico de la historia del país, puesto que luego del papel que jugó el MP en estos cuatro años bajo el mandato de Thelma Aldana, seguramente que la maquinaria de la impunidad está trabajando a todo vapor para evitar otra sorpresa parecida y asegurar que la Fiscalía General de la República vuelva al papel de siempre, o sea que se busca Fiscal que ni piense siquiera en meterse a escudriñar en los casos de corrupción, como históricamente ocurrió en Guatemala hasta el 2015 en el que se hizo esta alianza entre MP y CICIG.
Porque está visto que el sistema hasta pudo soportar a una Fiscalía que le enterara de lleno a los casos de violaciones de derechos humanos, no obstante que ello afecta y compromete poderosos intereses, pero jamás se pensó en un MP que pusiera atención al vicio más grande, generador de impunidad y pobreza, como es la corrupción. Por ello es que está en marcha todo el Plan de Corruptos que tiene como meta fundamental e inmediata la elección del próximo Fiscal General de la República y alrededor de ello está ahora girando toda la política, desde la elección de la Junta Directiva del Congreso hasta el manifiesto cierre de filas que hay entre los sectores poderosos que desde el Zavala y otros lados, están financiando la gigantesca operación para terminar con la lucha contra la corrupción.
Una vez entronizado el poder de los corruptos en el Ministerio Público las labores de la CICIG estarán supeditadas a la voluntad de la Fiscalía Especial cuya dirección depende, por supuesto, del Fiscal General y entonces ni Jimmy ni nadie tendrá que desvelarse pensando en cómo escabecharse a Iván Velásquez porque las investigaciones de la CICIG serían un puro ejercicio retórico hasta el final del mandato de la Comisión.
La sociedad guatemalteca ha entendido la dimensión de la corrupción, pero al momento pareciera como si tanta podredumbre no le provoca reacciones firmes y decididas. Eso es lo que hace que los corruptos estén tan engallados y seguros de que podrán llevar al MP a uno de los suyos para garantía de que termine este episodio de la vida nacional.
