Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos realizó, en Washington, los días 4 y 5 de diciembre, el primer foro organizado por la Corte y la Comisión, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La actividad permitió reunir a funcionarios, activistas y académicos de varios ámbitos relacionados con los Derechos Humanos y participar en paneles en donde se abordaron los principales retos que enfrenta la región, para la vigencia plena de esos derechos que nos permiten vivir en armonía.
El tema de los efectos que ocasiona la corrupción en los Derechos Humanos, fue reconocido como uno de los principales problemas que afectan a toda la región. La corrupción ha generado crisis en México, Guatemala, Brasil, Honduras, Panamá, Perú, Colombia, etc. Prácticamente en todos los países del continente, -sin excepción. Ante esta situación resalta la necesidad de fortalecer los sistemas de justicia y sus instituciones; dando mayor autonomía a los órganos encargados de la investigación penal y protegiendo la independencia de los jueces.
En el panel “La autonomía de las fiscalías y la lucha contra la impunidad en América: reflexiones, desafíos y el papel del SIDH” los expositores se refirieron a Fiscalías, Ministerios Públicos o Procuradurías como entidades responsables de garantizar el acceso a la justicia, a los habitantes del continente.
Se expuso que los modelos de fiscalía que fueron adoptados por la mayoría de países en Latinoamérica, a raíz de la transformación de los sistemas penales en acusatorios, deben mejorar la capacidad de realizar su trabajo sin injerencia política, ni de ninguna otra naturaleza. La autonomía de las institucional y funcional de dichas entidades es fundamental para eliminar la impunidad.
Recordemos que las fiscalías tienen facultades amplias para decidir los casos que se deben investigar y engavetar aquellos que no ameritan una investigación. Para fortalecer la autonomía de las fiscalías, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, así como la Fundación para el debido proceso, han establecido parámetros que pueden servir para fortalecer la institución y que se materializa en cuatro dimensiones.
La primera se refiere a los nombramientos, garantizando que los mismos sean con base en capacidades, a méritos y a través de concursos de oposición; cumpliendo con los estándares internacionales para elección de autoridades independientes. El segundo ámbito hacer referencia a los mandatos y la necesidad que estos sean amplios y de preferencia superiores al plazo del poder ejecutivo. El tercero es la estabilidad; el cargo de fiscal debe ser de difícil remoción. Y por último los procesos relacionados con el nombramiento o destitución deben ser públicos, transparentes y con participación de la sociedad civil.
En el contexto guatemalteco, cobra especial importancia la necesidad de atender a los lineamientos señalados para dotar de autonomía al Ministerio Público, como uno de los elementos clave de la lucha contra la impunidad y la corrupción. El apoyo y acompañamiento de las entidades que velan por el respeto de los derechos humanos, en el proceso de elección del próximo fiscal general, será fundamental para garantizar que la autonomía del Fiscal se fortalezca y cumpla con su labor de forma efectiva.
