Francisco Cáceres Barrios
caceresfra@gmail.com
A la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas individuales o jurídicas se le llama tener autoridad pero, adicional a tener la potestad debe contarse con la competencia, es decir tener la facultad legítima para poder hacerlo. Ahora, cualquier persona, incluso delincuentes, cree tener el derecho de hacer lo que le venga en gana, desde exigir el pago de determinada cantidad de dinero a cambio de la vida o vedar el derecho a la libre locomoción, no digamos exigir un comportamiento que satisfaga los intereses de una persona, entidad o grupo social determinado. De esa cuenta, un agente de tránsito puede ordenar al conductor de un vehículo quitarse de determinado sitio y le advierte que si incumple la orden se verá en la necesidad de inmovilizarlo, haya o no disposición legal, señal o advertencia que ampare la exigencia.
De igual manera, si al empleado de cualquier organismo o entidad del Estado teniendo acceso a la información de que hay disponibilidad de recursos financieros, en vista de la incapacidad de que la dependencia de que se trate para administrarlos conforme a los planes y presupuestos aprobados haya sido incapaz de llevarlo a cabo, se siente entonces con el derecho de exigir un pago de cualquier forma de prestación adicional que le beneficie, llámese bono, aguinaldo, incentivo o como mejor se le antoje. Eso y dando mal ejemplo, hasta el mismo presidente de la República fue capaz de hacerlo. Así las cosas, los contribuyentes hemos visto cómo a través del tiempo los recursos del Estado en vez de servir para hacer inversiones en busca del bien común, se utilizan para conceder beneficios a unos cuantos servidores del Estado.
Si nuestra administración pública fuera todo un dechado de virtudes por su eficiencia y buena calidad de sus servicios, los guatemaltecos no tendríamos boca con qué hablar pero, cuando vemos que por ningún lado podemos encontrarlos, es cuando surge la imperiosa necesidad de elevar enérgicas protestas y hacer algo para contener el desmadre, derroche o mal gasto que se ha vuelto cosa común en el gobierno actual y en los anteriores. Algo más, la pérdida de autoridad ha causado al país y a su población innumerable cantidad de daños y perjuicios. Sin ir tan lejos, la dependencia denominada Sistema Penitenciario en vez de actuar drástica y eficazmente para prevenir tantos delitos que siguen socavando el poder público a través de actos terroristas sembrando temor y pánico, prefieren la actitud egoísta de protegerse cerrando las calles aledañas a sus instalaciones, importándoles poco que ello provoque todavía más perjuicios en el ya de por sí congestionado tránsito de vehículos. ¡La de nunca acabar!
