Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Proteger a la persona y garantizar su seguridad son deberes esenciales del Estado. Con el fin de hacer frente a los altos índices de criminalidad, a finales del siglo XX en Guatemala, se llevó a cabo una profunda reforma del sistema de persecución penal. El sistema inquisitivo se transformó en sistema acusatorio.
En ese contexto, a través de la reforma a la Constitución Política en el año 1993, surgió una nueva institución: el Ministerio Público. Posteriormente se aprobó un marco normativo en el que se encuadra su funcionamiento. Dicha institución es la responsable de dirigir las investigaciones de hechos criminales, durante la etapa inicial de los procesos penales y además es la entidad encargada de dar seguimiento a la persecución de los delitos.
La estructura del Ministerio Público se diseñó de forma jerárquica y la dirección de la misma se delegó en la figura de un fiscal general, electo por un término de cuatro años. Para llevar a cabo las funciones asignadas, es necesario que la institución goce de total autonomía. Es decir que su función no esté sujeta a los vaivenes políticos y que no responda a intereses de ningún sector. Lo cual implica que quien dirige la institución tenga las cualidades necesarias para actuar de forma independiente.
Elegir funcionarios públicos probos, competentes e idóneos es un desafío para todas las sociedades. Según lo establece la Constitución Política, el Presidente de la República tiene la potestad de elegir al Fiscal General. Pero la elección se limita a 6 candidatos que le proponen una Comisión Postuladora.
La Constitución también define que la Comisión de Postulación, encargada de evaluar a los aspirantes al cargo de Fiscal General, se integra por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el presidente del Tribunal de Honor del mismo ente y por los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades del País. El hecho que la mayoría de los miembros de la comisión sean decanos, implica que el papel de la academia es determinante. Serán ellos quienes pueden delimitar quien tendrá a su cargo la ardua tarea de investigar los ilícitos cometidos en nuestro territorio.
Las Comisiones de Postulación se crearon con el propósito de contar con un ente capaz de evaluar de forma objetiva a los candidatos y proponer a los mejores para que fuesen electos por la autoridad respectiva; que en el caso del Fiscal General corresponde al Presidente. Sin embargo, el rol de las distintas Comisiones de Postulación ha sido duramente criticado, porque no han sido capaces de demostrar a la población que realizan una evaluación basada en los méritos de los candidatos.
El mandato de la Fiscal General, Thelma Aldana está próximo a concluir. En repetidas oportunidades ha manifestado que no presentará su candidatura para la reelección a dicho cargo. Ella ha jugado un papel protagónico en la persecución de delitos relacionados con la corrupción y es indispensable que, quien la releve en el cargo, continúe la labor que ella ha iniciado y actué de manera firme contra quien infringe la ley.
Aunque la elección del próximo fiscal aún no acapara la atención de los medios de comunicación, en un ambiente donde cada día se libra una nueva batalla por erradicar la corrupción, la elección del próximo Fiscal General debe ser un tema prioritario para los guatemaltecos.
