Emilio Matta Saravia
emiliomattasaravia@gmail.com
Siempre he sido defensor de la generación de energía eléctrica por medio de fuentes renovables, hídrica, eólica y solar, por medios privados o mixtos. Creo que, no sólo como nación, sino también como planeta es la única salida que tenemos para poder continuar con nuestra forma de vida causando el menor daño posible al medio ambiente.
Sin embargo, en Guatemala estos proyectos generan muchísima conflictividad en las áreas donde van a instalarse. La respuesta fácil es echarles la culpa a los pobladores del lugar, indicando que son “antidesarrollo”, “antiempresarios” y que están financiados por extranjeros ideologizados. Si uno analiza un poco más a fondo la situación, podrá ver que la situación es diferente. Podrán existir grupos, pequeños y sin representación en las comunidades locales, que sí, efectivamente, tienen financiamiento ideologizado y se oponen a todo lo que sea contrario a los intereses de sus financistas, incluso si es de beneficio para dichas comunidades. ¿Le suena parecido a lo que hacen nuestros gobernantes?
Sin embargo, me quiero enfocar en los pobladores de las áreas donde se instalan los proyectos hidroeléctricos, y sus motivos, muy valederos, para oponerse a los mismos. Por ejemplo, Alta Verapaz es el departamento que más electricidad genera, por medio de hidroeléctricas. Sin embargo, es el que menos cobertura eléctrica tiene de todo el país, es decir, es el departamento con menos acceso a este servicio. ¿Se da usted cuenta de semejante incongruencia? Departamentos como Huehuetenango y Quiché presentan situaciones similares. Adicional a la escasa cobertura, los proyectos hidroeléctricos normalmente utilizan represas o desvían los caudales de agua de su curso normal y los redirigen a la hidroeléctrica para que se pueda generar energía. Y, por no existir una Ley de Aguas, es decir, un marco regulatorio adecuado y justo, que sea respetado y cumplido por todas las partes involucradas, los dueños de la hidroeléctrica hacen lo que quieren con el caudal del río, los pobladores aledaños se quedan sin agua, sin energía eléctrica (o les ponen un su foco para que se callen). ¿Quién en su sano juicio puede pensar que no va a existir conflictividad con las hidroeléctricas bajo las circunstancias arriba descritas?
Creo que, para evitar la conflictividad, por lo menos en los proyectos hidroeléctricos que son los que me parecen indispensables para un desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente, se deben tomar acciones lo más pronto posible para por lo menos minimizarla y poder en verdad tener un modelo inclusivo de generación eléctrica. ¿Qué propongo?
Una Ley de Aguas, en primer lugar, pero no hecha a medida de los inversionistas, sino una que vele, en primer lugar, por el derecho de las comunidades para tener acceso al agua, su derecho a tener energía eléctrica, y darles participación en los beneficios económicos de la hidroeléctrica que se instalará y que afectará a las comunidades, así como sancionar de forma drástica a las empresas que contaminen el ambiente. También idear mecanismos serios para la mediación y resolución de conflictos, donde se puedan identificar las partes legítimamente interesadas y lograr llegar a acuerdos que sean respetados y cumplidos por las partes. Se debe también garantizar el derecho a la propiedad, y con esto no sólo me refiero a las empresas hidroeléctricas, sino también a los propietarios individuales o a las comunidades que no quieran vender, para que no se les fuerce o intimide para que vendan su propiedad.
