Mientras el Ministerio de Finanzas quiere legalizar la llamada deuda flotante para facilitar que se paguen obras inconclusas por más de 400 millones, en la Corte Suprema de Justicia se busca la manera de maquillar la malversación en que se incurre al autorizar un bono navideño para el personal de manera que se puedan usar casi 70 millones de quetzales de las asignaciones para este año que no fueron ejecutadas, repitiendo un viejo vicio que desde hace mucho tiempo afecta a los contribuyentes de Guatemala porque los encargados de ejecutar el Presupuesto hacen fiesta con dinero que no les pertenece, porque son fondos provenientes de lo que los ciudadanos pagan en impuestos.
Los bonos son como los pactos colectivos que suscriben funcionarios irresponsables que comprometen dinero que no es de ellos como si fueran los verdaderos dueños de esos recursos, pero como no tenemos un sistema de rendición de cuentas efectivo que persiga a quienes hacen mal uso de los recursos que les son encomendados, pues es muy fácil caer en clientelismos baratos para congraciarse y mantener controlados a los trabajadores que terminan siendo parte del vicio porque empiezan a defender sus “derechos adquiridos”, aunque el origen de los mismos sea tan espurio como lo puede ser cualquier producto de la corrupción.
Quien tiene la responsabilidad (no el derecho) de manejar fondos públicos está obligado a hacerlo para los fines específicos establecidos en los presupuestos. Destinar ese dinero a otros fines no contemplados de manera concreta y específica constituye delito de malversación y debe ser perseguido con todo rigor. Lo que pasa es que todas las dependencias han incurrido en ese delito y no hay quien pueda tirar la primera piedra, pero eso no lo convierte en algo legal sino simplemente es la reafirmación de que en Guatemala lo ilícito termina siendo avalado por esta pantomima de institucionalidad. Porque si realmente fuéramos un país en el que impera la ley y se respeta, no podría darse esa “liberalidad” de disponer de esa forma tan abusiva de los recursos que provienen del pago de los tributos que hacen los contribuyentes.
Vemos la danza de millones que se siguen destinando a la corrupción de forma irresponsable y no nos inmutamos ni nos indignamos por el mal uso que se hace del dinero. No es ético ni decente decir que “como no se ejecutó” hay que regalar un millonario bono. No ejecutaron por incapaces pero, sobre todo, no es dinero de ellos, ni de los magistrados ni de los empleados. Entiendan que es dinero del pueblo.
