Fernando Mollinedo C.
El Poder es una acción que casi todos entendemos, ejecutamos y observamos en diferentes manifestaciones de nuestro diario vivir; según el Diccionario de la Lengua Española significa: “Gobierno de un país. Suprema potestad rectora y coactiva del Estado”.
El poder del Estado guatemalteco se integra en tres organismos: Legislativo, Judicial y Ejecutivo; según la ley, ninguno debe interferir en las acciones de los otros, circunstancia que por idiosincrasia (temperamento, rasgos, caracteres distintivos propios de un individuo o de una colectividad) no se cumplió por quienes ejercieron el Gobierno del país, pues utilizando la amenaza, fuerza y coacción de las armas venció a la honradez, dignidad, decoro, justicia y otros valores morales que son imprescindibles para gobernar un país.
El poder de decisión sobre los negocios del Estado con particulares nacionales o extranjeros, empresas, conglomerados, transnacionales o en su caso con otros gobiernos, le dio a los gobernantes la equívoca sensación de ser los jefes o directores de todos los dioses que pudieron existir en el olimpo terrenal que administraron/an; entendiendo que las leyes los facultaron para ello y por lo tanto se consideraron/an el “non plus ultra” ya que su poder de decisión raras veces fue o es objetado.
Los “enemigos del Estado” como le llaman los ignorantes políticos a sus rivales ideológicos, cuestionan esas decisiones atendiendo al clamor popular que es manifestado en la prensa, radio, televisión y demás medios de comunicación con el objeto de lograr que los funcionarios gobernantes que están encargados de la administración pública cambien, reformen, inventen, innoven, modernicen o modifiquen leyes y reglamentos con los que la población satisfaga sus necesidades más ingentes y esté anuente al pago de su obligación tributaria.
Cuando ese poder político es utilizado para realizar negocios inmundos para su beneficio personal y lesivos al patrimonio del Estado, que es decir, patrimonio del pueblo; entonces, es cuando el poder de decisión amparado por la fuerza de las armas (siempre a disposición de quienes gobiernan o de sus amos particulares) se impone y no permite la reflexión, análisis o rectificación respecto a su lesividad colectiva, pues son negocios que dejaron réditos económicos exorbitantes en beneficio particular a los gobernantes, como ejemplo: United Fruit Company y sus herederos comerciales, Aviateca, Guatel, Fegua, EEGSA, TCQ, Odebrecht y otros más.
Ese poder, manifestado en la autorización de licencias de explotación minera e hidráulica sin cumplir con los requisitos legales y humanos correspondientes, afectan en forma directa la vida de diversos sectores de la población entre ellos: obreros (sin salario mínimo justo), campesinos (se les niega el acceso a la tierra, se les despoja ignorando sus derechos ancestrales y negándoles el uso racional del agua), esa es la represión aplicada a los sectores que integran, constituyen o forman la población; pues eso de usar el poder político en contra del pueblo ya es una costumbre inveterada y por ello hubo, hay y habrá protestas sociales. ¿Cappicci?
