Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Como ocurre con la institucionalidad, el concepto de la certeza jurídica se ha desvirtuado de una forma alarmante, puesto que así como en el primer caso se usa la palabra para defender a capa y espada el modelo de corrupción y cooptación que sufrimos, en el segundo se maneja como una auténtica paradoja, puesto que se pretende certeza cuando no existe, en el fondo, un auténtico Estado de derecho porque en vez de estar regidos por la majestad de la ley, estamos sometidos al imperio de la corrupción y los “derechos” se adquieren mediante mordidas y sobornos que se pactan entre particulares y los funcionarios que otorgan contratos, licencias o concesiones.
En un verdadero Estado de derecho jamás se le otorga licencia de explotación minera a quien regó el camino de sobornos ni se suscribe un contrato de obra con el contratista más corrupto, el que mejores comisiones paga a cambio del más chambón de los trabajos. No se puede nadie imaginar que en ley se pueda haber realizado un negocio como el de la Terminal de Contenedores Quetzal, por la que el pícaro Pérez Maura pagó millones de dólares a su igual Pérez Molina. Ese tipo de negocios no pueden generar certeza jurídica porque su origen es absolutamente espurio y por ello es que urge que Guatemala enderece el camino para asegurar que las decisiones de Estado tienen fundamento en la ley y en la obligación de promover el bien común.
Lo que el inversionista tiene que buscar son países en donde la aplicación de la ley sea la norma para que eso le sirva de garantía en cuanto a la certeza jurídica de sus negocios. Para seguir con el ejemplo de TCQ, un tipo como Pérez Maura se siente atraído por los paraísos de la corrupción porque es más fácil sobornar a un Presidente que hacer una oferta seria en la que se asegure el retorno de su inversión, pero también algún beneficio para el país que la acoge. Pero si esos países tienen la suerte de tener una Comisión Internacional Contra la Impunidad, es obvio que los negocios amañados no pueden pretender más certeza que la de mandar al bote a los implicados.
Los conceptos son fácilmente manipulables y por supuesto que si alguien dice que la inversión necesita certeza jurídica no hay forma de rebatir el argumento. Pero no se dice que la verdadera certeza no puede tener su origen en la mordida y el soborno sino únicamente en la correcta y efectiva aplicación de la ley. Lo que ocurre aquí es que llevamos tanto tiempo haciendo las cosas mal, al punto de que quienes otorgan las licencias, permisos o contratos luego pasan a trabajar para el sector al que beneficiaron cuando fueron funcionarios, que le hemos dado carta de naturaleza al trinquete, tanto que pretendemos para lo que así surge certeza e inamovilidad aun reconociendo los pecados originales.
Si queremos defender la institucionalidad primero debemos construirla para sustituir la patraña actual. Si queremos certeza jurídica tenemos que acabar con la corrupción como fuente de todo negocio público.
