Adolfo Mazariegos
Quisiera comenzar estas líneas parafraseando un dicho popular que advierte sobre los peligros de transferir de forma poco pensada el poder soberano del pueblo, es decir, sin al menos meditarlo un poco a la hora de emitir el sufragio en un proceso eleccionario y sin analizar mínimamente lo que pueda suceder después. Ese mismo dicho nos indica que, el hecho de darle poder a alguien, muchas veces suele mostrarle como realmente es: darle poder a alguien no necesariamente lo corrompe, tal vez ya está corrompido (corrupto) y solamente lo está mostrando como verdaderamente es, aunque claro, esa no es una regla general que tenga que aplicarse siempre. Los hechos político-sociales ocurridos en Guatemala en años recientes, han puesto de manifiesto, entre otras cosas, dos cuestiones muy importantes a tomar en consideración y que no deben subestimarse dadas las actuales circunstancias con respecto a un tema del que tanto se ha hablado (pero que todo apunta a que paulatinamente se va quedando nuevamente como algo que no trasciende: las modificaciones a la LEPP). La primera de estas cuestiones es la capacidad que ha mostrado la ciudadanía y que muchos catalogaron en su momento como una suerte de despertar para organizarse y para reclamar su derecho a exigir cuentas claras y un actuar transparente por parte de la denominada clase política, lo cual se constituye por sí mismo en un hecho histórico en el marco de la democracia. La segunda -que está íntimamente ligada a la primera-, es la advertencia que aparentemente el pueblo ha hecho reiteradamente a todos aquellos que deseen tener acceso a cargos de elección popular, sean estos candidatos a la presidencia y vicepresidencia, alcaldes, diputados, o inclusive funcionarios nombrados por los organismos de Estado. Esa advertencia gira en torno a la imperante necesidad de administrar los bienes y recursos del país con transparencia, con honestidad, con eficacia y eficiencia, y con los fines para los cuales dichos bienes y recursos existen, que no es más que la búsqueda del bien común de acuerdo a la Ley suprema del Estado. En ese sentido, valga decir que un gobernante, congresista o funcionario público puede ser recordado de muchas maneras, pero indiscutiblemente, la peor de ellas es que sea recordado como alguien que sale repudiado por su pueblo y por una puerta trasera. Por ello, esa advertencia de la ciudadanía, lleva también implícita una invitación en sí misma, una invitación a no transferir el poder sin pensar, a no llegar nuevamente a las urnas cuando sea el momento para simplemente marcar la papeleta y ya, en virtud de que todo parece indicar que (ojalá me equivoque) las próximas elecciones generales no variarán mucho con respecto a las anteriores. Por distintas razones, eso se ve venir, a pesar de que es urgente hacer las modificaciones que permitan realizar cambios de fondo en el actual sistema político-partidista del país. En honor a la verdad, no se vislumbra todavía esa necesaria luz al final del túnel.
