Uno de los elementos fundamentales de la administración de justicia es el derecho que tienen los procesados a ejercitar todos los medios de defensa disponibles para probar su inocencia y ese derecho tiene que preservarse a toda costa. Sin embargo, el proceso conocido como La Línea, en el que aparecen como sindicados, entre otros, el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, es una muestra de cómo se puede entrampar un juicio cuando se recurre al litigio malicioso que no persigue sino ir retardando los tiempos procesales.
No es secreto que la mayor esperanza de los sindicados en estos casos de alto impacto es que llegue a fu fin el período de la Fiscal General Thelma Aldana y que se vaya de Guatemala el comisionado Iván Velásquez, tarea en la que hay muchos empeñados empezando por el mismo Presidente de la República y su corte de la más mediocre Cancillería de la historia del país. Aldana termina el año entrante y el proceso para elegir a su sucesor se ve seriamente comprometido por el peso que mantienen los poderes paralelos en las Comisiones de Postulación y por la ya definida actitud del mandatario en cuanto a la lucha contra la corrupción.
De suerte que, en las actuales condiciones, lo que más conviene a los procesados es retardar el proceso para esperar que soplen vientos más favorables, en los que se está trabajando arduamente, a fin de que la acusación deje de ser sólida y consistente y volvamos al eterno sistema en el que la justicia se aplica únicamente a los de abajo, como decía el célebre autor mexicano Mariano Azuela.
El fenómeno no es nuevo y lo hemos visto en otros casos en los que los sindicados tienen recursos para contratar abogados con experiencia procesal, como el de Bancafé que ha sido motivo de frustración para las víctimas del despojo. En general el litigio en Guatemala se ha convertido en un empeño constante por entrampar los procesos, sobre todo cuando la defensa de los sindicados no tiene elementos para desvirtuar los señalamientos en contra de sus defendidos y cuando tienen que ganar tiempo para aplacar el interés de la opinión pública por los más sonados expedientes judiciales.
Una reforma del sistema de justicia y la lucha contra la corrupción son elementos fundamentales para que un país como Guatemala pueda salir del estancamiento que le impide desarrollo. No sólo porque los recursos que se roban hacen falta para ese desarrollo, sino porque una verdadera certeza legal es indispensable para crecer sólidamente.
