Juan Antonio Mazariegos G.
El Congreso de la República aprobó el acuerdo 22–2017, mediante el cual el Organismo Ejecutivo quedó facultado para solicitar al Tribunal Supremo Electoral la organización y celebración de una consulta popular, mediante la cual todos los guatemaltecos, con goce y en ejercicio de nuestros derechos, podamos decidir si Guatemala, somete a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, su diferendo territorial con y sobre Belice.
La consulta popular tendrá una sola interrogante ¿Está de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que ésta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes?
Nuestra Constitución Política de la República del año 1985, en el artículo 19 de sus disposiciones transitorias y finales, determina que “El Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales. Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular…”. Texto que matiza, la postura de Guatemala que quedó expresada en las Constituciones de los años 1945, 1956 y 1965, en las que se reivindicaba como propio el territorio que hoy ocupa Belice.
En mi opinión, el camino de someter a un tribunal internacional es el único que hoy puede seguir Guatemala en sus legítimos reclamos sobre el territorio de Belice, no hay alternativa y debemos centrar nuestros esfuerzos en cerrar esta obscura página de nuestra historia, eso sí, defendiendo en los tribunales lo que en derecho nos corresponde como una obligación del Estado que restituya lo que Inglaterra recibió como simples concesiones para explotación de madera y que los británicos se encargaron de hacer suyo bajo la amenaza de la fuerza y en base a acuerdos y pactos que nunca cumplieron.
La historia del manejo del diferendo territorial cuenta con más errores que aciertos gubernamentales, ahora, luego de que decida el pueblo, en la consulta popular convocada para el efecto y si se decide acudir a un tribunal internacional, es importante que el Gobierno de turno no escatime en recursos en la reivindicación de un territorio que en derecho e históricamente nos corresponde, luego de eso no habrán más oportunidades y sólo nos quedará la historia de quien siempre se lamenta, pero no hace nada por reivindicar sus derechos.
