Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Comprender la manera en que el efecto de la corrupción perjudica el desarrollo de los países es importante para establecer acciones de luchar contra ese flagelo que destruye a las naciones e impide a los habitantes tener posibilidades de vivir dignamente.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –Icefi– realizó un interesante estudio en los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador. En el informe “La Corrupción: Sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano” a través de análisis de casos relevantes de corrupción se establecen los costos socioeconómicos de la corrupción, así como los desafíos que enfrenta la región para el fortalecimiento de las instituciones en que se sustenta la democracia. El Icefi sostiene que “La corrupción constituye un freno al desarrollo democrático porque mina la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y debilita las capacidades del Estado para cumplir sus funciones.”
Si bien el informe toma en cuenta la realidad y las diferencias de los tres países centroamericanos, en la propuesta de agenda anticorrupción se enfoca en los retos comunes. La misma contempla la implementación de ocho objetivos concretos que incluyen mayor transparencia en el gasto público; garantizar el acceso a la información pública; priorizar la probidad de funcionarios y empleados públicos; realizar reformas legislativas encaminadas a la modernización de la administración de justicia y la transformación del sistema político electoral. Para el economista Ricardo Barrientos la reforma de estos sistemas debe ser una prioridad en los tres países.
Resulta de particular relevancia la relación entre el sector privado empresarial y la corrupción en la región, ya que el análisis no se centra únicamente en el rol de los funcionarios corruptos, sino también en la influencia que ejercen los empresarios como corruptores. Según refiere la investigación de un análisis de 149 investigaciones periodísticas de casos de corrupción ocurridos en América Latina, entre los años 2000 al 2013, en el 80% de los mismos, el sector privado estaba directamente involucrado.
A su vez el estudio resalta la necesidad de que el sector empresarial se involucre en la lucha contra la corrupción. Pues, si el sector empresarial se ha visto involucrado en casos emblemáticos de corrupción en la región, también tiene un rol que despeñar en la lucha contra es problemática. De acuerdo al principio 10º del Global Compact de la Organización de Naciones Unidas, “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas incluidas la extorción y el soborno”.
Los empresarios centroamericanos podrían asumir un papel más activo en la lucha contra la corrupción y tomar como referencia la actitud asumida por sus pares, en otros países del continente, como Chile, por ejemplo, en donde existen esfuerzos entre el sector público y privado para enfrentarse a ese mal. También en México, en donde la corrupción cuesta entre el nueve y el diez por ciento del PIB y en donde existen desafíos similares a los del Triángulo Norte, surge un movimiento liderado por empresarios, conocido como “Vamos por Más”, que promueven la creación de instituciones sólidas y de políticas públicas que combatan a la corrupción, la impunidad y garanticen el respeto de los derechos de los habitantes de su país.
Asumir con responsabilidad los retos que conlleva transformar la realidad de nuestros países y aceptar que la corrupción es un problema que concierne a todos los sectores es un primer paso para erradicar ese mal de nuestra sociedad.
