Aunque por generaciones hemos ido desarrollando un comportamiento social que se muestra tolerante, por lo menos, con actitudes alejadas de la ética y hasta del cumplimiento de la ley, por aquello de que “como todos lo hacen”, tenemos que entrar en razón para comprender que Guatemala no tiene futuro con el sistema actual en el que se reparten privilegios mediante pactos de corrupción que se establecen a punta de sobornos o de tráfico de influencias. Es un hecho que hemos diseñado un modelo de gestión pública que acumula beneficios para unos pocos dejando al resto no sólo sin atención sino sin esperanzas porque sus problemas no entran en el radar de quienes toman decisiones en el país.
No tendremos la menor posibilidad de atraer inversión extranjera si no transparentamos nuestra actitud social y emprendemos el camino de construir un verdadero Estado de Derecho en el que no existan privilegios especiales para quienes han sido parte de la cooptación del Estado. No podemos reactivar nuestra economía si hacemos que esta dependa de los negocios surgidos de la corrupción y que el dinero sucio, el dinero producto de las prácticas ilegales, sea el que genera ese movimiento que ahora, con la lucha contra la corrupción, ha mermado al punto de que algunos se preocupan por la baja sensible en la actividad económica.
Por circunstancias muy especiales Guatemala vivió un momento decisivo cuando se destapó la forma tan sucia en que se realiza la gestión pública y que explica por qué sufrimos tanto atraso social, tanta debilidad en la infraestructura, tanto problema en educación y salud, no digamos en seguridad, puesto que el Estado se prostituyó de tal forma que no puede cumplir ni siquiera sus fines esenciales porque todo, absolutamente todo, está orientado a generar esas ganancias ilícitas que se reparten cooptados y cooptadores en una insultante danza de millones.
Ante esa realidad es indispensable que encontremos puntos mínimos de encuentro que puedan hacer posible un nuevo pacto social en el que nos centremos en estructurar un Estado eficiente, honesto y cumplidor de sus obligaciones, con autoridades sujetas a la rendición de cuentas, políticos que respondan ante sus electores, jueces probos que sepan aplicar el castigo que corresponde a los mañosos y ciudadanos exigentes y vigilantes que no toleren ningún acto de corrupción. El cambio de modelo empieza por la forma de elegir a nuestras autoridades, pero tiene que pasar por fuerza en el diseño de instrumentos de rendición de cuentas, control y verificación que impidan ese derroche que se hace de los recursos. Sin acuerdo sobre esos puntos no iremos a ningún lado.
