En el 2015, sintiendo la presión popular, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se vieron obligados a dar trámite a los antejuicios contra Baldetti y contra Pérez Molina porque entonces era unánime la indignación de los ciudadanos y distintos sectores por el destape de esa asquerosa corrupción que ha empobrecido al país y le roba oportunidades a los menos favorecidos por la fortuna. Hoy, en cambio, cuando la lucha contra la corrupción fue convertida en un sainete ideológico porque los corruptos entendieron que polarizar a la sociedad era su salvación, la Corte, arropada por las élites del país, manda al chorizo las acciones contra los funcionarios, a lo que se agrega la recomendación que hace un magistrado para que no se moleste con procesos a los diputados que otorgaron plazas fantasma.
No nos cansamos de repetir que todo cambió cuando aparecieron los primeros empresarios implicados en la corrupción porque cuando los acusados eran los políticos que les habían servido todo estaba bien y era aceptable hasta sumarse a la Plaza para manifestar contra los corruptos. No imaginaron, pues no estaba en su hoja de ruta, que en el país de la eterna impunidad algún día se acusaría a uno de los suyos y cuando eso pasó, primero con el Caso IGSS-Pisa y luego con el de Cooptación del Estado, el viraje fue radical, de 180 grados. Algunos que no entienden hablan de virajes de 360 grados, pero un giro así lo deja todo igual porque regresa al mismo punto.
El caso es que al presidente Jimmy Morales se le exoneró porque los magistrados creen que con haber devuelto el dinero mal habido del sobresueldo del Ejército todo está arreglado. Es como prensar que si el FOPA le devuelve su dinero a los ahorrantes de Bancafé, por ejemplo, o del Banco de Comercio, los sinvergüenzas de cuello blanco que se robaron los ahorros de la gente ya no tienen que responder ante la ley. La voluntaria devolución del dinero puede considerarse como atenuante, pero jamás como eximente de la responsabilidad penal y eso lo sabe hasta cualquier lego, no digamos los magistrados de la CSJ.
En Guatemala estamos retrocediendo a pasos agigantados en la lucha contra la corrupción y eso es gravísimo. La alianza de los corruptos es evidente y no tienen empacho en hacerla pública en eventos y foros en donde se apapachan los que sobornan históricamente con los que reciben durante breves períodos de cuatro años esos sobornos. La consigna clara es que Guatemala no cambie y que siga la obra.
