Factor Méndez Doninelli
Masacre de Alaska, 4 de octubre de 2012. Se cumplieron cinco años desde que pobladores de los 48 cantones de Totonicapán bloquearon el kilómetro 170 de la ruta a Occidente, protestando por las políticas de Gobierno del cancelado partido Patriota. Fuerzas de seguridad (ejército) reprimieron la protesta, con saldo de 6 muertos y 34 heridos.
Batalla contra la corrupción e impunidad. Desde 2015, se iniciaron juicios de alto impacto para juzgar al expresidente, vicepresidenta, ministros, militares, empresarios y siervos, por actos de corrupción y saqueo de fondos públicos, desde entonces, la lucha contra la corrupción e impunidad se instaló en la esfera legal, es una batalla que se desarrolla en el campo de la justicia, siguiendo el debido proceso, pese al litigio malicioso de abogados defensores de corruptos, algunos juicios avanzan más que otros y están por llegar a fase final, es decir, pronto seremos testigos de las primeras sentencias que podrían ser de culpabilidad o de inocencia. Todo dependerá de la solidez de los casos, de los juzgadores y de las pruebas, cuya responsabilidad acusatoria recae en el Ministerio Público (MP.)
Otro batalla legal, se desprende de las solicitudes de antejuicios planteados por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), en unos casos, enderezados contra el presidente Jimmy Morales, en otros, contra diputados y alcaldes municipales, abre la puerta para que se desate otra acometida jurídica que tendrá varios frentes y que pondrá a prueba la independencia, eficacia y eficiencia del sistema de justicia.
Es sabido que los antejuicios contra el presidente Morales, fueron rechazados por el pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), igual suerte tuvieron los enderezados contra diputados del Congreso Nacional (CN) que apoyaron el “pacto de corruptos”, lo que hace suponer que los diputados seguirán protegiendo al presidente Morales, para evitar que el MP profundice las investigaciones por financiamiento electoral ilícito.
Por otra parte, se tramita antejuicio contra Álvaro Arzú Irigoyen, alcalde capitalino y expresidente de la República, a quien el MP y CICIG sindican por los delitos de financiamiento electoral ilícito y peculado por sustracción, presuntamente por utilizar fondos municipales para financiar su propia campaña electoral buscando la reelección y por apoyar económicamente a otros partidos políticos. La investigación preliminar, ha destapado los vínculos entre el alcalde Arzú y el reo Byron Lima Oliva, condenado por la muerte del Obispo Juan Gerardi. Lima Oliva fue asesinado durante ataque armado en el interior del centro carcelario donde estaba recluido.
Estos casos, ponen a prueba al sistema de justicia y al Organismo Judicial en conjunto, pues históricamente es de dominio público que en muchos casos de alto impacto ocurre tráfico de influencias, se practica el litigio malicioso, se manipula información, hasta se intenta sobornar y chantajear a administradores y operadores de justicia, a efecto de retorcer el derecho, burlar la justicia y fortalecer la impunidad.
La batalla contra la impunidad también es jurídica. En esta tarea no se puede retroceder ni aflojar la exigencia de seguir combatiendo este perverso fenómeno. Todas las batallas legales que se desarrollan y muchas otras que se aproximan, son esfuerzos por desbaratar poderosas redes de impunidad que han tenido permeado y cooptado al Estado y sus instituciones para saquear fondos públicos y satisfacer intereses personales y de grupos criminales incrustados en la esfera del poder público.
