Luis Enrique Pérez
Leo la información que brinda “La Hora”, en su edición de ayer miércoles 11 de Octubre, sobre el proyecto de reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que prepara la Comisión de Asuntos Electorales, del Congreso de la República. Inevitablemente surge en mí la opinión de que es un proyecto para preservar o para incrementar el infortunado beneficio del que disfrutan los diputados y los partidos políticos; pero no para crear un régimen electoral que le confiera más libertad al ciudadano elector. He aquí solo seis ejemplos.
Primero. El proyecto de reforma implícitamente prohíbe que comités cívicos puedan proponer candidatos a diputaciones. Anteriormente he insistido en esta prohibición. Los partidos políticos, entonces, conservarían la perniciosa exclusividad o el ominoso privilegio de proponer a esos candidatos. Es decir, el proyecto de reforma pretende impedir que comités cívicos puedan competir con partidos políticos, en el proceso de elección de diputados.
Segundo. El proyecto de reforma propone incrementar la dificultad de fundar nuevos partidos políticos. Efectivamente, un partido político debería tener un número de afiliados equivalente por lo menos a 0.5% del número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Actualmente la proporción es equivalente por lo menos a 0.3%. Si, en el presente, es costoso lograr la afiliación de un número de ciudadanos equivalente a 0.3%, más costoso sería afiliar a un número equivalente a 0.5%. Esta reforma reduciría la oportunidad de surgimiento de nuevos partidos competidores.
Tercero. El proyecto de reforma propone aumentar la cantidad de dinero que, por medio de impuestos, el ciudadano tiene que pagar a los partidos políticos por el número de votos que cada uno haya obtenido, si ese número es equivalente por lo menos a 5% del número total de votos emitidos, y si el partido gana por lo menos una diputación. Actualmente, el ciudadano, por medio de impuestos, paga dos dólares por cada voto. El proyecto de reforma pretende que el ciudadano pague tres dólares. Es decir, se pretende que los ciudadanos paguen más por cada voto, para financiar a los partidos políticos. Absurdamente, los partidos le cobrarían más al ciudadano, por cada voto en favor de ellos.
Cuarto. El proyecto de reforma propone conservar la elección de diputados por grupo, es decir, el ciudadano no puede elegir, por ejemplo, solo a un diputado del grupo de diputados que propone un partido político, sino que tiene que elegir, o no elegir, al grupo. Por supuesto, la opción de elegir diputados individualmente, y no por grupos, complica la organización del proceso electoral; pero esa complicación no debe impedir que el ciudadano tenga la preciosa libertad de elegir, entre los diputados que propone un partido político, solo a aquellos que son objeto de su preferencia electoral, y no a aquellos que hasta son objeto de su repudio.
Quinto. El proyecto de reforma excluye crear un procedimiento por el cual los ciudadanos puedan destituir a los funcionarios públicos electos democráticamente, si no desempeñan honesta e idóneamente las funciones públicas que la ley les asigna. Esta exclusión equivale a garantizar el desempeño no honesto y no idóneo de esas funciones. Crear un procedimiento de destitución es necesario para fomentar la honestidad y la idoneidad de los funcionarios públicos electos democráticamente.
El proyecto de reforma aprobado hasta ahora excluye modificaciones extraordinariamente importantes; pero incluye modificaciones que no tienen tal importancia, y hasta no tienen importancia alguna. Por ejemplo, propone reducir el tiempo durante el cual han de fungir los secretarios de los partidos políticos. O propone que no todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tengan que ser abogados y notarios. O propone que los magistrados de ese tribunal sean electos por dos terceras partes del número total de diputados. Modificaciones semejantes, ¿confieren, al ciudadano mayor libertad electoral? No.
Post scriptum. Insisto en que la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que preparan los diputados, es reforma para preservar o incrementar el infortunado beneficio del que disfrutan los diputados mismos y los partidos políticos.
